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200108-Sala Civil-1-213
Anulabilidad de matrimonio
María Dulce Tapia de Cossío c/ Juana Salomé Pedregal Fernández
Distrito: Cochabamba 

SENTENCIA :

Dentro del juicio ordinario de anulabilidad de matrimonio, seguido por María Dulce Tapia de Cossio, contra Juana Salomé Pedregal Fernández.

VISTOS: Los antecedentes del proceso, dictamen fiscal; y
CONSIDERANDO: Que María Dulce Tapia de Cossio, por memorial de 4 de marzo de 1998, acompañando prueba preconstituida de fs. 1-3, pide la anulabilidad del matrimonio, fundando su acción en los siguientes fundamentos: El certificado de matrimonio que acompaña, evidencia su matrimonio con Eduardo CossioOmonte celebrado entre el Oficial del Registro Civil No. 325, de esta
ciudad en 28 de septiembre de 1991. Más ocurre que su nombrado esposo recientemente fallecido había contraído matrimonio con Juana Salomé Pedregal Fernández, por ante el Oficial del Registro Civil No. 9 de la Provincia Cercado en 16 de mayo de 1996, sin antes obtener la libertad de estado que advierte el art. 46 del Cód. Fam., requisito imprescindible que ocasiona la anulabilidad del matrimonio al sentir de lo dispuesto por el art. 80, del mismo ordenamiento jurídico. Por lo expuesto en la vía ordinaria demanda la anulabilidad absoluta de la partida de matrimonio entre su esposo Eduardo CossioOmonte y Juana Salomé Pedregal Fernández, ante el Registro Civil No. 9 Libro 2-96, Ptda. No. 37 de 16 de mayo de 1996, demanda que dirige contra Juana Salomé Pedregal Fernández.

CONSIDERANDO: Que citada la demanda mediante orden instruida de fs. 12-13, 19-20 responde por intermedio de su apoderado legal que se apersona acompañando poder especial y suficiente conferido por Juana Salomé Pedregal Fernández Vda. de Cossio a favor de Juan Carlos Nemesio Lazarte Pezo, expresando que la demanda no responde a la realidad de los hechos, en cuya razón opone las excepciones de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, caducidad y otros que sobrevinieron en su tramitación pidiendo se declare en sentencia improbada la demanda y probada sus excepciones, subsistente en consecuencia el vínculo matrimonial a mérito de la siguiente fundamentación: 1) Que su poder conferente ha tenido una relación amorosa con Eduardo CossioOmonte desde 1992, en forma permanente y estable y siendo ella soltera. 2) Que el matrimonio de su conferente fue público, nadie hizo observación alguna, menos la actora María Dulce Tapia Tórrez. 3) Que su poderdante celebró su matrimonio con la única finalidad de constituir una familia de buena fe. 4) Que la actora pudo haber deducido oposición al matrimonio en el término de las publicaciones, ni realizó denuncia en ningún momento, más al contrario consintió el matrimonio, dio lugar a su validez y conformación de su hogar hasta el presente. 5) Estando así justificadas las excepciones solicita, se las declare probadas con costas.

CONSIDERANDO: Que en el otrosí plantea la acción reconvencional, demandando la anulabilidad absoluta del supuesto matrimonio realizado por María Dulce Tapia Tórrez, con el esposo de su conferente Eduardo CossioOmonte y la respectiva cancelación de la Ptda. Matrimonial No. 27, Libro 325, Folio No. 87, Oficialía del Registro Civil No. 325, de la Provincia de Quillacollo Departamento de Cochabamba de 29 de septiembre de 1991 y solicita declarar probada la acción reconvencional, con las condenaciones de rigor y en mérito a lo siguiente: 1) que su poder conferente de profesión médico ha tenido relaciones con Eduardo CossioOmonte desde 1992, jamás existió perturbación, fue estable, permanente y público. 2) En cambio la demandada María Dulce Tapia Tórrez, en ningún momento pretendió formar un hogar, prueba de ello es que tiene en su haber varios matrimonios. 3) Que la demandante nunca fue conocida por losamiliares de su esposo ya que el supuesto matrimonio lo realizó con malicia, dolo y fraude para sacar provecho del señor Cossio y enriquecerse ilícitamente. 4) Que para iniciar la demanda la actora ha logrado obtener varios certificados con una serie de amenazas a los responsables de su custodia, es de advertir que en las partidas de matrimonio se adulteraron varios datos lo cual acredite una vez más la conducta de la actora.

CONSIDERANDO: Que dándose por citada con la demanda reconvencional a fs. 26 responde la actora negando y oponiendo las excepciones de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, improcedencia y otras que se suscitare en la tramitación del proceso por lo que solicita se declare probadas las excepciones e improbadas la acción reconvencional, con las condenaciones de rigor y bajo los siguientes fundamentos: 1) Que su matrimonio con su finado esposo Eduardo Cossio, no es reciente data de 1991, en cambio de la demandada fue celebrado en 1996, sin libertad de estado. 2) Que quien ha incurrido en una verdadera conducta dolosa y delictual, cometiendo bigamia, es precisamente la demandada, ya que contrajo matrimonio sólo por interés. 3) Que acostumbrado a sorprender la buena fe de la personas pretende innovar y crear nuevas figuras jurídicas no contempladas en nuestro Código de Familia, así reconviene por la anulabilidad absoluta, "dizque" por el cariño que tenía aquella a su finado esposo, porque su persona no pretendió formar un hogar y no era conocida por los familiares de su esposo.

Contestación con la cual se estableció la relación procesal por auto de 23 de abril en el que se calificó el juicio como ordinario de hecho, se sujetó la causa a término de prueba y se fijaron los puntos de hechos a probar por los contendientes.

CONSIDERANDO: Que en la vigencia del término probatorio las partes han aportado las siguientes pruebas: De Cargo las literales de fs. 34, 35, 59, 62, 63, 120, 134, 157, 158 y con juramento de reciente obtención la literal de fs. 234 y las declaraciones testificales de fs. 163 a 166. De descargo las literales de fs. 46, 52-54, 71, 88, 91 a 113, 123 a 130, 137 a 149, 200 y con juramento previsto por el art. 331 del Cód. Pdto. Civ., las literales de 201-206 y 213; y las declaraciones testificales de fs. 168-170, la confesión provocada y el acta de inspección de visu de fs. 85. Así como también cursa en obrados las copias fotostáticas de legajo matrimonial de fs. 75 a 84.

CONSIDERANDO: Que analizadas y evaluadas las pruebas pertinentes al caso conforme a los art. 1296, 1321, 1330, 1523, 1534 del Cód. Civ., se tienen los siguientes hechos: a) Que la actora contrajo matrimonio civil con Eduardo CossioOmonte en 28 de septiembre de 1991, conforme se acredita por el certificado de matrimonio de fs. 1 y el legajo matrimonial que cursa de fs. 75 a 84, donde claramente se indica en el acta de manifestación que el estado civil de los contrayentes es el de viudo de Eduardo CossioOmonte y de María Dulce Tapia es el de divorciada, las mismas que están corroboradas por los certificados de fs. 80 y 120; b) De la revisión del libro de partidas matrimoniales se tiene que el estado civil de los contrayentes antes del matrimonio se encuentra sobreraspado, el estado del demandado con la palabra viudo por el de divorciado, conforme consta por el acta de inspección de fs. 85 y la literal de fs. 84, debidamente legalizada y franqueada por orden judicial; c) Conforme consta por el certificado de fs. 59 expedido por el Director Departamental de Registro Civil, la partida matrimonial de Eduardo Omonte y María Dulce Tapia Tórrez, no se encuentra cancelada por ninguna orden judicial por lo que dicha partida sigue vigente; d) Por los certificados de fs. 3 y 46, se acredita el matrimonio de Eduardo CossioOmonte con Juana Salomé Pedregal Fernández, donde figura como estado civil antes del matrimonio del señor Cossio el de viudo; e) A fs. 2 se tiene el certificado de defunción de Eduardo CossioOmonte, y en la casilla del nombre y apellido del cónyuge sobreviviente dice fallecido, empero en el certificado de fs. 52, figura como apellido y nombre de la esposa sobreviviente el de Juana Salomé Pedregal Fernández, el que fue complementado por orden del Juez 6º de Partido en lo Civil de Cochabamba conforme consta por el certificado de fs. 200 y 213. f) A fs. 34-35 se tiene el duplicado del carnet de asegurado a la Caja de Eduardo CossioOmonte como jubilado del magisterio y la tarjeta de altas y bajas, donde figura como esposa beneficiaria María Dulce Tapia Tórrez de 4 de diciembre de 1991. g) Los carnets de identidad de la actora como casada, expedida en mayo de 1992 y renovada como viuda expedida en marzo de 1998. h) La literal de fs. 53 acredita que la demandada Juana Salomé Pedregal Fernández, figura como esposa beneficiaria del asegurado como benemérito de Eduardo CossioOmonte; i) Por las copias fotostáticas de fs. 92 a 113, se acredite que inició en este juzgado un juicio de divorcio Eduardo CossioOmonte en contra de la actora, el mismo que no se concluyó. j) Por las literales de fs. 148-149 se acredita que la demandada Juana Salomé Pedregal Fernández Vda. de Cossio está registrada en la sección identificaciones como tal así como su cédula de identidad. k) Por los literales debidamente legalizadas de fs. 201 a 204, se acredita que los hijos de Eduardo CossioOmonte desconocían el matrimonio civil de su padre con la actora María Dulce Tapia Tórrez. l) Las literales de fs. 54 y 71, 63, 64, 88, 123 a 130, 134, 137 a 147, 157, 158 y 227 a 229, no se consideran por no ser pertinentes al caso, así como tampoco se consideran las literales de fs. 91, 205-206, por ser simples copias fotostáticas; ll) Por las declaraciones testificales de cargo se acredita que su presentante es una persona correcta y que no tiene problemas con nadie, que su matrimonio con Eduardo CossioOmonte fue celebrado en 28 de septiembre de 1991, habiendo convivido desde entonces, en esta localidad, en su domicilio de calle Abaroa hasta el mes de diciembre de 1997; m) Por las declaraciones de descargo se acredita que la demandada es persona correcta, apreciada por
los que la conocen y que hasta antes de contraer matrimonio con el señor Cossio era soltera y que desde su matrimonio hasta cinco meses antes de la muerte de su esposo convivieron en la localidad de Viloma; n) Por el interrogatorio presentado a fs. 43 "B" para la confesión provocada de la demandada, que se la da por absuelto en rebeldía de la misma, por su no comparecencia; se evidencia que la misma tenía conocimiento del matrimonio de la demandada con Eduardo CossioOmonte y que no reclamó sus derechos en vida de su esposo, confesión que al sentir del art. 391 del Cód. Fam. Constituye un simple indicio.

CONSIDERANDO: Que por prescripción del art. 80 del Cód. Fam. "Es anulable el matrimonio celebrado en contravención a lo dispuesto por los art. 44 y 46 al 50 del presente Código", y según el art. 46 del mismo Código" No puede contraerse nuevo matrimonio antes de la disolución del anterior" y según la doctrina del Código de Familia y del Menor del Dr. Carlos Morales Guillén " La falta de libertad de estado importa la prohibición de contraer matrimonio, antes de que el anterior esté disuelto, la anulabilidad puede ser hecha valer por los contrayentes, por el cónyuge que descubre que el otro había contraído nuevo matrimonio y por todos los que tengan interés legítimo". Asimismo la jurisprudencia nos enseña que "No estando legalmente disuelto el primer matrimonio no se puede legalmente contraer segundas nupcias (G.J. Nro. 1279, Pág. 51) De otra parte cuando se inicia demanda de divorcio de acuerdo a la jurisprudencia "Alcanzando ejecutoria la sentencia que declare disuelto un vehículo matrimonial, existe libertad para contraer un nuevo matrimonio, (G.J. No. 1279 Pág. 70). En el caso de autos no habiéndose disuelto el vínculo matrimonial de la actora con Eduardo CossioOmonte, conforme se evidencia por el certificado expedido por el Director Departamental de Registro Civil de Cochabamba, demostrando así ampliamente la actora la subsistencia de su matrimonio con Eduardo CossioOmonte, cumpliendo de esta manera con la carga de la prueba que le impone el inc. 1) del art. 375 del Cód. Pdto. Civ., en cambio la reconviniente si bien acreditó su libertad de estado antes de contraer matrimonio, empero no demostró esta libertad de estado de Eduardo CossioOmonte incumpliendo con la carga de la prueba, como tampoco ha demostrado que la actora se haya divorciado o haya concluido la demanda iniciada por Eduardo CossioOmonte. Finalmente el matrimonio de la actora se ha celebrado cumpliendo todos los requisitos exigidos por ley y que la partida pese al borrón es correcta, por lo que corresponde dictar sentencia. El fiscal dictaminó a fs. 244-245 porque se declare probada la demanda e improbada la acción reconvencional.

POR TANTO: La Juez de Partido de Familia y del Menor de Quillacollo, administrando justicia en nombre de la ley, en virtud de la jurisdicción que por ella ejerce. FALLA: Declarando PROBADA la demanda de fs. 4, así como las excepciones de fs. 26 IMPROBADAS la acción reconvencional y excepciones de fs. 19 a 21. Sin costas por ser juicio doble. Subsistente en consecuencia el vínculo matrimonial de María Dulce Tapia y Eduardo CossioOmonte y declarando la anulabilidad absoluta del matrimonio de Juana Salomé Pedregal Fernández y Eduardo CossioOmonte, disponiéndose que en ejecución de sentencia la Dirección Departamental del Registro Civil, de Cochabamba proceda a la anulabilidad y cancelación de la Ptda. De Matrimonio No. 37 de 16 de mayo de 1996, correspondiente a la Oficialía del Registro Civil No. 9 de la Provincia Cercado del Departamento de Cochabamba. Esta sentencia se funda en las disposiciones legales citadas y es pronunciada a 26 de octubre de 1998. Archívese la copia original en el legajo respectivo y téngase como tomas de razón.

Fdo.- Dra. Yolanda Rosales de Avalos.- Juez de Partido de Familia.
Ante mí: Zulema Bernal Muriel.- Secretaria.
AUTO DE VISTA
 Cochabamba, 14 de junio de 2000.

VISTOS: En apelación la sentencia de fs. 247, dictada por la Juez de Partido de Familia de la Provincia Quillacollo dentro del juicio ordinario de anulabilidad de matrimonio seguido por María Dulce Tapia de Cossio contra Juana Salomé Pedregal Fernández, la fundamentación de fs. 256, la respuesta de fs. 261 y lo dictaminado por el Fiscal de Sala; y
CONSIDERANDO: Que la sentencia apelada, declara probada la demanda de fs. 4 así como las excepciones de fs. 26, improbada la acción reconvencional y excepciones de fs. 19 a 21, sin costas por ser juicio doble. En consecuencia subsistente el vínculo matrimonial de María Dulce Tapia y Eduardo CossioOmonte, disponiéndose que en ejecución de sentencia la Dirección Departamental del Registro Civil de Cochabamba proceda a la anulabilidad y cancelación de la Ptda. Matrimonial No. 37 de 16 de mayo de 1996, correspondiente a la Oficialía del Registro Civil No. 9 de la Provincia Cercado de este Departamento.

Que notificada la demandada Juana Salomé Pedregal con dicha determinación judicial, mediante el escrito de fs. 256 y por intermedio de su representante Juan Carlos Lazarte, interpone recurso de apelación con los fundamentos que contiene su exposición, solicitando la revocatoria de la sentencia o la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, corrido en traslado y con la respuesta de fs. 261, donde se refuta los fundamentos de la alzada, se concede ante el superior en grado, radicando de este modo el conocimiento de la causa en este despacho.

CONSIDERANDO: Que así expuestos los fundamentos del recurso y abierta la competencia de este tribunal con la respuesta al recurso, corresponde pronunciar el auto de vista conforme a la previsión contenida en el art. 236 del Cód. Pdto. Civ.

Que en efecto, analizados los datos del proceso en función de los puntos apelados, se tiene como evidentes los siguientes hechos, que como agravios expresa la apelante que en el fallo no se ha considerado la prueba documental de descargo menos se dio importancia a la respuesta, menos a las excepciones opuestas y a la demanda reconvencional, habiéndose violado los arts. 4, 5, 6, 62, 73, 74, 92, 55 y 367 del Cód. Fam.; 55, 90, 91, 252, 401 del Cód. Pdto. Civ. y 15 de la L.O.J.,por lo que pide se declare probada la demanda reconvencional o se anule obrados hasta el vicio más antiguo, con el advertido de que tampoco se ha dado intervención al Ministerio Público, manifiesta además, que la demanda debía ser planteada contra Eduardo Cossio y Juana Pedregal, porque concurrieron a la formación del matrimonio que se demanda además dice que debe demandarse la anulabilidad del matrimonio celebrado y no de la partida, que por otra parte, expresa que demostrar la libertad de estado correspondía a Eduardo Cossio y no a la demandada.

Que de la revisión de los datos del proceso se llega a establecer que la contienda trata sobre la anulabilidad del matrimonio contraído por la demandada con Eduardo CossioOmonte y la acción reconvencional sobre la anulabilidad del matrimonio contraído por la actora con el mismo Eduardo CossioOmonte, debiendo la sentencia pronunciarse sobre esos aspectos demandados; de ahí que, la señora Juez ha comprendido de esta manera al declarar probada la demanda y válida el primer matrimonio de la actora con Eduardo CossioOmonte e improbada la reconvención, haciendo un examen de las pruebas literales y testificales que se han aportado por las partes en el curso del trámite.

Que se ha demostrado hasta la evidencia que para el matrimonio celebrado entre la demandada y el fallecido Eduardo CossioOmonte, este último no tenía libertad de estado que exige como requisito el art. 46 del Cód. Fam., existiendo una partida de matrimonio con la actora (fs.1) el mismo que pese haberse iniciado juicio de divorcio no llegó a su fin, porque no se canceló la partida matrimonial, como certifica la Dirección del Registro Civil, de donde resulta lógico que el segundo matrimonio cuya anulabilidad se demanda esté debidamente comprobado porque el fallecido Eduardo Cossio no contaba con ese requisito de la libertad de estado de manera que la acción reconvencional no se justifica porque el matrimonio contraído entre la actora y Eduardo Cossio se celebró conforme requiere el Código de Familia no existe razón jurídica para ser anulado como pretende la apelante.

CONSIDERANDO: Que por otra parte, los motivos alegados para conseguir la nulidad de obrados, no son tales, porque por determinación del art. 251 del Cód. Pdto. Civ. ningún trámite será declarado nulo si la nulidad no estuviere claramente determinada por la ley, con el advertido de que tales fallas debían ser reclamados oportunamente porque con la dictación de la sentencia han precluido y no merecen ya consideración en este estado; de ahí que, la juez al declarar probada la demanda principal e improbada la acción reconvencional, ha obrado en forma correcta.

POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Corte Superior de Justicia de acuerdo con el dictamen fiscal CONFIRMA la sentencia apelada, con costas en ambas instancias, como previene el art. 237-1) del Cód. Pdto. Civ.

Vocal relator: Dr. Andrés Caballero Iglesias.
Regístrese.
Fdo.- Dres.: Andrés Caballero Iglesias.- Angel Montero Montesinos.- Raúl Pablo Brañez Galindo.
Ante mí: Jhonny Zurita Orellana.- Secretario de Cámara.

DICTAMEN FISCAL
SEÑORES PRESIDENTE Y MINISTROS DE LA EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
DICTAMINA:

En el recurso extraordinario de casación de 322- 324 interpuesto por Juana Salomé Pedregal Fernández contra el A.V. de fs. 319, pronunciado por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, dentro el proceso ordinario de anulabilidad de matrimonio seguido por María Dulce Tapia de Cossio contra la recurrente.

Elevado el proceso en grado de apelación ante el tribunal de segunda instancia, la Sala Civil Primera, de la Corte Superior del Distrito de Cochabamba, pronuncia el A.V. de fs. Por el que confirma la sentencia apelada de fs 247-250, la misma que declara a la demanda de fs. 4, así como las excepciones opuestas a fs. 26, e improbadas la acción reconvencional y las excepciones opuestas a fs 19-21, sin costas, en consecuencia subsistente el vínculo matrimonial de Maria Dulce Tapia y Eduardo CossioOmonte, declarando asimismo la anulabilidad absoluta del matrimonio de Juana Salome Pedregal Fernández con Eduardo CossioOmonte, disponiendo la cancelación de la Ptda. de Matrimonio N0 37 de 16 de mayo de 1996.

Contra el precitado pronunciamiento de segundo grado, interpone recurso de casación en la forma y en el fondo Juana Salomé Pedregal Fernández Vda. de Cossio, con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 322-324.

En cuanto al recurso de casación en la forma, éste no es atendible, toda vez que los motivos de nulidad expuestos son intrascendentes y no se subsumen en las causas taxativamente señaladas en el art. 252 concordante con el art. 275 ambos del Cód. Pdto. Civ., que obedece en concepción y alcances al principio de especificidad, por aquello de que no hay nulidad sin texto que así lo establezca; por otra parte, las supuestas omisiones acusadas en el recurso no son evidentes, por cuanto de la revisión del proceso se evidencia que el mismo se tramitó sin incurrir en vicio alguno que amerite la nulidad.
En lo que se refiere al recurso de casación en el fondo, sin embargo, que la recurrente reitera los fundamentos considerados precedentemente, se debe dejar claramente establecido que la apreciación de las pruebas es facultad privativa de los jueces de grado por mandato de los arts. 1286 del Cód. Civ. 387 y 476 de su Pdto., siendo incensurable en casación mientras no se haya demostrado el error de derecho o de hecho en su apreciación con actos auténticos o fehaciente, conforme exige el art. 253-3) del Cód. Pdto. Civ. En el presente caso, el tribunal de apelación ha hecho una cabal valoración de toda la prueba existente en el proceso para llegar al convencimiento de que el segundo matrimonio, cuya nulidad se demanda, se celebró en contravención a lo dispuesto por el art. 46 del Cód. Fam., es más, el fallo fue emitido circunscribiéndose a la previsión contenida en el art. 236 del Código adjetivo civil. Consecuentemente, no son ciertas las infracciones acusadas en el recurso.

Por lo expuesto, corresponde a la Sala Civil Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en uso de la atribución conferida por el art. 59-1) de la L.O.J., declarar INFUNDADO el recurso interpuesto a fs. 322-324 de obrados, en aplicación del art. 273 del Cód. Pdto. Civ.

Sucre, 10 de mayo de 2001.
Dr. Oscar Crespo Soliz
Fiscal General de la República

AUTO SUPREMO

VISTOS: El recurso de casación interpuesto en folios 322-324 por Juana Salomé Pedregal Fernández Vda. de Cossio, en contra del A.V. de fs. 319 y vta. Pronunciado en 4 de junio de 2000 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en el proceso ordinario familiar doble de anulabilidad de matrimonio seguido entre la recurrente con María Dulce Tapia, la contestación de fs. 326-327, el auto de concesión de fs. 327 vta., el dictamen del Fiscal General de la República de 10 de mayo de 2001 corriente en fs. 346-347, los antecedentes del cuaderno procesal; y
RESULTANDO: Que el auto de vista pronunciado por la sala de apelación confirma la sentencia de primera instancia, la misma que declara probada la demanda de anulabilidad absoluta del matrimonio de Juana Salomé Pedregal Fernández con Eduardo CossioOmonte e improbada la reconvención que se dedujo y por tanto válido el matrimonio de la demandante principal María Dulce Tapia con el mencionado CossioOmonte. La recurrente acusa al tribunal haber violado los arts. 5 y 367 del Cód. Fam., 3, 55, 90, 236, 252 y 401 del Cód. Pdto. Civ., 450 y 519 del Cód. Civ. y 15 de la L.O.J.

CONSIDERANDO: Que de un estudio del proceso y
tomando en cuenta el contenido del recurso, se tiene:

1.- Con relación a la nulidad de obrados, traído en el recurso como incidente separado del recurso de casación en la forma que también se interpone en el último tramo del memorial, no obstante la imprecisión de su planteamiento, se infiere que las causas que alega para una nulidad son inatendibles, como lo es también el recurso en la forma. En efecto, la legitimación activa de María Dulce Tapia es indiscutible en base al certificado de fs. 1, para accionar por la anulabilidad de un segundo matrimonio contraído por su esposo Eduardo CossioOmonte en contravención del art. 46 del Cód. Fam. La legitimación pasiva de la demandada surge del certificado de fs. 3, porque es precisamente Juana Salomé Pedregal Fernández con quien se casó por segunda vez el esposo de la actora, por tanto, se trata del matrimonio de ésta cuya anulabilidad absoluta se persigue. La propia demandada reconviene pretendiendo la anulabilidad del primer matrimonio dirigiendo su mutua petición contra la actora principal y no contra su fallecido esposo, menos en contra de los hijos de éste. El art. 83 del Cód. Fam., confiere acción a cualquiera de los cónyuges para demandar la anulabilidad de su propio matrimonio, y obviamente, del celebrado por su cónyuge con tercera persona. El art. 55 del Cód. Pdto. Civ. es inatinente al caso en debate, por lo que, no corresponde su aplicación. El Ministerio Público ha intervenido en el sub lite, en consecuencia no hay infracción del art. 367 del Cód. Fam.

Finalmente, no hay nulidad si ella no está formalmente establecida en la ley según dispone el parág. I del art. 251 del Cód. Pdto. Civ., de manera que, cualquier infracción no acusada o acto procesal que no amerite nulidad, como diligencias de notificación observadas o la suplantación de éstas, dan lugar a represión, apercibimiento y en su caso a enjuiciamiento penal del culpable, de ser procedente, como manifiesta la segunda parte del precepto.

2.- En cuanto al fondo, el recurso vuelve a insistir en la falta de integración a la litis en calidad de demandados de los hijos del fallecido esposo de ambas contendientes bajo el razonamiento de que también debió ser demandado aquél. Esa integración como litisconsortes es admisible cuando el causante estuvo en proceso y falleció, lo que no ocurre en la especie. Es más, el mencionado art. 83 del Cód. Fam., confiere legitimación activa a quienes tengan interés legítimo en la anulabilidad de un matrimonio, situación que tampoco concurre en el sub lite. El recurso de casación en el fondo, es procedente en los casos previstos en el art. 253 del Cód. Pdto. Civ., cuando de normas substantivas se trata o de la apreciación y valoración de la prueba en la decisión de la causa, mas no con relación a los presupuestos procesales referidos a los sujetos del contradictorio, para los que está reservado el recurso extraordinario en la forma. La decisión en el fondo aplica el art. 46 del Cód. Fam., por ausencia de libertad de estado para la celebración de un segundo matrimonio con relación
al art. 80 primer párrafo del mismo, preceptos que no han sido acusados de infringidos, aplicados indebidamente o interpretados erróneamente en función a los certificados de fs. 1 y 3, cuya valoración es legal dentro de lo dispuesto por el art. 1534 del Cód. Civ. Los arts. 450 y 519 del Cód. Civ., resultan impertinentes por la naturaleza misma del matrimonio que es un contrato solemne y sui géneris, cuyos requisitos de formación y validez se hallan ampliamente regulados en el Código de Familia, cuya aplicación es preferente a las normas comunes del derecho civil de acuerdo con los arts. 5 de este mismo cuerpo legal y 5 de la L.O.J.

POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, de acuerdo con el dictamen fiscal declara INFUNDADO el recurso, con costas.
Se regula el honorario de abogado en la suma de Bs. 1000.-, que el tribunal ad quem mandará hacer efectivo.

Relator: Ministro Dr. Kenny Prieto Melgarejo.
Regístrese y devuélvase.
Fdo.- Dr. Kenny Prieto Melgarejo.
Dr. Armando Villafuerte Claros.
Dra. EmilseArdaya Gutiérrez.
Sucre, 16 de agosto de 2001.
Proveído: Dr. Rodolfo Chavarría Serrudo.- Secretario de Cámara.
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Fuente: EFAJA Corte de Lima
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imagen: El diario de jhonney


Caducidad de los testametos

1.CONCEPTO:


La caducidad es una figura jurídica pro la cual se extingue el derecho y la acción correspondiente, conforme lo dispone el art. 2003 del C.C.

En el derecho sucesorio, está referido al testamento, en todo o en parte, o al heredero o legatario instituido.


Implica la perdida de la efectivizacion del testamento, que se produce por circunstancias a las cuales la ley otorga esa fuerza.


CADUCIDAD DEL TESTAMENTO:


Caducidad Total:


b) Caducidad Parcial:


3.PRETERICIÓN:


a) Preterición Absoluta:


b) Preterición Relativa:


4.CADUCIDAD DEL HEREDERO:


El art. 805 señala que, en cuanto a la institución de heredero, el testamento caduca en los siguientes casos:


Si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgo el testamento (inc.1): esta disposición tiene un agregado innecesario por estar implicitito. Siendo los herederos forzosos solamente los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, la disposición se refiere a los casos en que sobreviven descendientes por nacimiento o por adopción, ascendiente por adopción o cónyuge por matrimonio. La institución de heredero voluntario es posible siempre que el causante no tenga herederos forzosos alguno, de no sobrevenir uno al dictado del testamento en que el designo heredero voluntario.


Cuando el heredero renuncia a la herencia p muere antes que el testador si dejar representación sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge y se declara la separación judicial por culpa propia o el divorcio (Inc.2): en los casos de renuncia o la premoriencia no se extingue por caducidad del derecho del heredero que tiene descendientes, los cuales recogerán lo que a aquel le correspondía por la representación sucesoria. La disposición se refiere; por ello, a estos casos cuando no se da la representación.


Cuando el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o desheredación, sin dejar descendiente que puedan representarlo (inc.3); tratándose de la indignidad o la desheredación, no se extingue por caducidad el derecho del heredero que tiene descendientes, quienes heredan cuando se da la representación.


5. CADUCIDAD DEL LEGADO:


1. CONCEPTOS GENERALES:


Es así que en el derecho sucesorio, se presupone nulo un testamento irregularmente otorgado.


a) Nulidad Absoluta:


En el art. 219, el acto jurídico es nulo, cuando:


Falta la manifestación de voluntad del agente.


Se haya practicado por persona absolutamente incapaz; salvo los contratos relacionados con las necesidades ordinarias d su vida diaria que celebren los incapaces no privados de discernimiento, como lo manifiesta el art. 1358.


Su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable.


Su fin sea ilícito. Es el caso de la sucesión contractual prohibida por la ley.


Adolezca de simulación absoluta.


No revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad.


La ley lo declara nulo.


Es contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres.


Conforme al art. 43, son absolutamente incapaces;


c. Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable.


b) Nulidad Relativa:


El art. 221, el acto jurídico es anulable por:


Incapacidad relativa del agente. De acuerdo al art. 44, son relativamente incapaces:


Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.


Los retardados mentales.


Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre libertad.


Los pródigos


Los que incurren en mala gestión.


Los ebrios habituales.


Los toxicómanos.


Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.


Vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación.


Simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero.


Declaración de tal por la ley.


2.TESTAMENTO NULO:


El testamento que adolece de nulidad absoluta a las circunstancias explicadas, el testamento es nulo en los siguientes casos:


a) cuando es otorgado pro incapaces menores de edad y por mayores enfermos mentales, cuya interdicción civil ha sido declarada, conforme al art. 808 del C.C.


b) Cuando adolece de defectos de forma: por faltarle la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador o su firma, que son los requisitos generales de todo testamento, establecido por el art. 695 del C.C, salvo que el testador no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lo hará, a su ruego, el testigo testamentario que el designe, si es por escritura pública (art. 697)


c) cuando no sea cumplen los requisitos esenciales que la ley señala para cada uno de los testamentos ordinarios, de conformidad con el art. 811 del C.C.


d) cuando tratándose de los testamentos militares o marítimos, falta la forma escrita, la firma del testador o de la persona autorizada para recibirlos, como establece el art. 813 del C.C.


e) cuando es otorgado en común por dos o más personas, tal como prescribe el art. 814 del C.C


3.TESTAMENTO ANULABLE:


a) Menores de edad, a excepción de los varones mayores de dieciséis años o las mujeres mayores de catorce años, que hayan contraído matrimonio, o de los menores de dieciocho, pero mayores de dieciséis que hayan obtenido título oficial que le autorice para ejercer una profesión y u oficio ( art. 687 inc. 1 y art. 43).


b) Los que por cualquier causa se encuentren probados de discernimiento (art. 43 inc. 2).


c) Los sordomudos, los ciego sordos y los ciego mudos, que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable (art. 43 inc.3).


d) Los retardos mentales (art.44 inc. 2),


e) Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad (art. 44 inc. 3).


f) Los ebrios habituales (art. 44 inc. 6).


g) Los toxicómanos (art. 44 inc. 7).

h) Los que el momento de testar, carecen, por cualquier causa, aunque sea transitoria, de la lucidez mental y de la libertad necesarias para el ejercicio de este acto (art. 687 inc. 3).
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Las partidas disponían que el desheredado, por lo menos, debería tener la edad de 10 años y medio y consideraban entre las causas de la desheredación.


Generalidades de la desheredación


Para que exista la desheredación deben darse las siguientes condiciones:

Que exista causa justificada

Que se trate de heredero forzoso

Que el testador manifieste en forma indubitable su propósito de desheredar.



La desheredación



Para que la desheredación produzca sus efectos jurídicos, es menester:


a. Debe hacerse por testamento designando al heredero forzoso, por sus nombres y apellidos, a quien se deshereda, de manera que no deje duda alguna de la persona de quien se trata (Art. 704 del CC).


b. Expresar de modo claro y preciso la voluntad de desheredar y la causa legal en que se funda, La desheredación dispuesta sin expresión de causa o por causa no señalada en la ley, o sujeta a condición, la invalida. Cuando se funda en falsa causa, la hace anulable (Art. 743 del CC).


c. Una vez desheredado por testamento, el testador puede, si quiere, interponer adicional demanda civil contra el desheredado para justificar su decisión, como puntualiza el Art. 751: "El que deshereda puede interponer demanda contra el desheredado para justificar su decisión. La demanda se tramita como proceso abreviado y la sentencia que se pronuncia impide contradecir la desheredación".


a. Desheredación de los descendientes.(Art. 744 del CC)


Las causas de la desheredación de los descendientes son:

Haber maltratado o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge si éste es también ascendiente del ofensor: Es decir, que estos hechos afecten especialmente el respeto y consideración que merecen los padres; que afecten su honra e integridad física y que nadie puede mellar, menos los hijos.

Haberle negado sin motivo justificado alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo: Aquí la falta en que se incurre no es por acción sino por omisión, es decir, por dejar de hacer lo que está obligado por la ley (art. 474 inc2) y además por consideraciones de orden moral, de modo consciente, voluntario injustificado, Otra sería la situación si el descendiente estuviera imposibilitado razonablemente para acudir en ayuda del padre, si es un enfermo mental o si se encuentra privado de su libertad, casos éstos en que no procedería, según el art. 748.

Haberle privado de su libertad injustificadamente: Además de constituir una causa legal de desheredación, constituye también un delito de violación de la libertad personal. En el caso de la desheredación, esta causal se configura por la privación de la libertad física del ascensor a fin de aislarlo en su propio beneficio; tal es el caso del secuestro. El ofensor puede ser tanto autor intelectual como material o haber coadyuvado en alguna forma para su realización.

Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral: El comportamiento inmoral constituye todo hecho impúdico, atentatorio de las buenas costumbres, mella el prestigio,


Desheredación de los ascendientes.(Art. 745 del CC) Las causas de la desheredación de los ascendientes son:


Haber negado injustificadamente alimentos a sus descendientes: La asistencia alimentaria es un derecho recíproco entre ascendientes y descendientes, la hipótesis que se contempla es que el ascendiente que se encontraba en posibilidad económica negó asistencia a su descendiente que se encontraba en estado de necesidad.

Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por la que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella.


Desheredación del Cónyuge. (Art. 746 del CC)


El adulterio.

La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias.

El atentado contra la vida del cónyuge.

La injuria grave, que haga insoportable la vida en común.

El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo.

La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.



DESHEREDACION POR INDIGNIDAD (Art. 747 del CC)



Que el presunto indigno sea heredero o legatario con capacidad legal y que haya cometido una falta contra el ascendiente o su familia según los casos y que estén previstos en la ley como causal.

Que el llamado a heredar, a falta o en consecuencia con el presunto indigno, quiera ejercitar la acción civil correspondiente para su exclusión dentro del año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o el legado y que concluya son sentencia firme que declare fundada la demanda de exclusión de herencia por indignidad. Sin sentencia ejecutoriada no procederá la separación.

Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como herederos o legatarios:

Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena.

Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.

Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de la libertad.

Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado.


Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.



SUJETOS EXCENTOS DE DESHEREDACIÓN (Art. 748 del CC)




EFECTOS DE LA DESHEREDACION (Art. 749 del CC)



Los efectos de la desheredación tienen dos aspectos fundamentales:


El personal, porque por la desheredación el heredero forzoso es considerado como si nunca hubiera tenido esa calidad: por eso, sus efectos se retrotraen a partir del mismo momento de la apertura de la sucesión, pero no se extienden a sus descendientes que heredan por representación la legítima que perdió el desheredado.


El Patrimonial, el derecho que se le atribuye al heredero forzoso es la que circunscribe a su legítima, que la pierde por desheredación. Lo que queda de la masa hereditaria es la parte de libre disposición que corresponde a los legatarios, o sea a aquellas personas que son instituidas voluntariamente por el testador. La cuota de libre disposición nada tiene que ver con la legítima de modo que aquella puede corresponderle siempre a título de legado.



CONTRADICCION DE LA DESHEREDACIÓN (Art. 750 y 752 del CC)



Este dispositivo legal es importante por dos razones:

Porque permite al heredero forzoso, que es desheredado sin previo juicio, interponer la demanda respectiva dentro del plazo de 2 años contados desde la muerte del testador o desde que tiene conocimiento de la desheredación (Art. 750). Se sobre entiende que esta toma de conocimiento, se computará a partir de la muerte del testador, porque mientras viva la desheredación testamentaria puede ser revocada.

Porque la parte demandada estará integrada por los restantes herederos forzosos del testador y corresponderá a éstos probar los fundamentos de la desheredación. Como observaremos, aquí se invierte el principio de la prueba a cargo de quien demanda, como preceptúa el art. 196 del CPC, porque si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada fundada según el art. 200 del CPC.




CUANDO QUEDA SIN EFECTO LA DESHEREDACION (ART. 749 y 755 del CC)



Son varias las causas que pueden determinarla:


Por revocación: La revocación total del testamento por el propio testador, con arreglo al art. 798 y siguientes del CC, puede determinar que la desheredación contenida en él quede también sin efecto; pero también puede limitarse a la declaración anterior de desheredación, la cual puede asumir dos formas:


Expresa: cuando el testador mediante otro testamento o por escritura pública, manifiesta de modo claro y preciso su voluntad de revocar la desheredación anteriormente hecha.


Tácita: cuando posterior a la desheredación realizada, el testador, en un nuevo testamento que otorga, incluye también dentro de los herederos a quienes instituye, al desheredado sin alusión alguna a aquella desheredación.


Por Nulidad: Puede obedecer a diversas causas:


Todas aquellas referidas genéricamente al acto jurídico, según el artículo 2019:


El Acto jurídico es nulo:


Cuando falta la manifestación de la voluntad del agente.


Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el art. 1358.


Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando es indeterminable.


Cuando su fin sea ilícito.


Cuando adolezca de simulación absoluta.


Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad.


Cuando la ley lo declara nulo.


Todas las causas de anulabilidad relacionadas genéricamente al acto jurídico según el art. 221.


Por Anulabilidad:


Por incapacidad relativa del agente


Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación.


Cuando la Ley lo declara anulable.


Por invalidación de la desheredación:


Por Caducidad de testamento especial: Se da en los siguientes casos:


Vencimiento del plazo de 3 meses computados a partir de la fecha en que el testador deje de estar en campaña y llegue a un lugar del territorio nacional donde sea posible otorgar testamento por escritura pública o cerrado con intervención de notario, tratándose de testamento militar; o a los 3 meses de haber desembarcado definitivamente el testador, cuando se refiere al testamento marítima.
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SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
CASACIÓN LABORAL N° 4241-2016, LIMA

Pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario

PROCESO ORDINARIO

Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis


VISTA; la causa número cuatro mil doscientos cuarenta y uno, guión dos mil dieciséis, guión Lima, en audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:


MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, Estudio Lanoire Eyzaguirre y Asociados S.C.R.L., mediante escrito presentado con fecha seis de enero de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos cincuenta y tres a trescientos cincuenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil quince, que corre en fojas trescientos treinta y dos a trescientos cuarenta y ocho, que revocó en parte la sentencia apelada contenida en la resolución de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos ochenta, en el extremo que declara fundada el pago de remuneraciones insolutas, reformándola la declaró infundada, y la confirmó en el extremo que declara fundada en parte la demanda respecto a los beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario; en el proceso seguido por la demandante, Evelyn Elizabeth Córdova Carrillo, sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario.

CAUSALES DEL RECURSO

La parte recurrente invocando la tutela jurisdiccional efectiva y su derecho a la demanda, denuncia la causal siguiente: inaplicación de los incisos a) y h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.


CONSIDERANDO

Primero: El recurso de casación reúne los requisitos de forma que para su admisibilidad contempla el artículo 57° de la Ley N ° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021.

Segundo: Con relación a la causal denunciada, se advierte que la parte recurrente ha cumplido con el requisito previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, por lo que deviene en procedente.

Tercero: En consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento de fondo sobre la causal declarada procedente, referida a la inaplicación de los incisos a) y h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. «Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad. (…)

b) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones».

Cuarto: De la pretensión demandada y pronunciamientos de las instancias de mérito


a) Antecedentes del caso: De la revisión de los actuados se verifica que en fojas setenta y ocho a ochenta y nueve, aparece la demanda interpuesta por Evelyn Elizabeth Córdova Carrillo contra el Estudio Lanoire Eyzaguirre y Asociados S.C.R.L., mediante la cual solicita el pago de remuneraciones insolutas y beneficios sociales, que comprende: gratificaciones, bonificación extraordinaria del 9% de ESSALUD, vacaciones, compensación por tiempo de servicios; asimismo, solicita el pago de la bonificación por retención indebida por la compensación por tiempo de servicios e indemnización por despido arbitrario por la suma total de ciento treinta y tres mil quinientos sesenta y cinco y 03/100 nuevos soles (S/.133,565.03); más intereses legales, costas y costos del proceso.

b) Sentencia de primera instancia: La jueza del Décimo Octavo Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la sentencia contenida en la resolución de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos ochenta, declaró fundada en parte la demanda disponiendo el pago cincuenta y siete mil quinientos veintiocho y 35/100 nuevo soles (S/.57,528.35) por concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, exponiendo:


i) Que de los medios probatorios admitidos y actuados queda plenamente acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes a tiempo indeterminado desde el dieciséis de abril de dos mil siete al uno de julio de dos mil once, con una remuneraciones de cuatro mil quinientos y 00/100 nuevos soles (S/.4,500.00) en el cargo de contadora junior, por lo que al no haber acreditado la demandada la causal de falta grave que habría determinado el despido de la actora, concluye que el cese se produjo por despido arbitrario, correspondiéndole el pago de sus beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario;

ii) Que se ha acreditado que la demandada ha tomado conocimiento del descanso médico de la demandante del periodo diecisiete de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil once, haciendo un récord pactado de treinta y ocho días culminados el veinticuatro de junio de dos mil once, por ende las inasistencias injustificadas que alega la demandada referidas a los días quince, dieciséis, diecisiete, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de junio de dos mil once, devienen en infundadas.

c) Sentencia de segunda instancia: Por su parte, el Colegiado Superior de la Primera Sala Laboral Permanente de la misma Corte Superior, en virtud a la apelación planteada, procedió a revocar la sentencia emitida en primera instancia en el extremo que declaró fundado el pago de remuneraciones insolutas, reformándola la declaró infundado y la confirmó en el extremo que declara fundada en parte la demanda sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, exponiendo como razones de su decisión, que si bien la parte actora acordó con su empleadora hacer efectivo su descanso de los veintitrés días desde el veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once, conforme se advierte de la instrumental, que corre en fojas veintidós, el mismo, que vencía indefectiblemente el catorce de junio.

Sin embargo, del documento de fojas veinticinco, se advierte que la demandante puso a conocimiento de su jefa (Junior de Recursos Humanos) el descanso médico adicional que comprende quince días que va desde el diecisiete de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil once, de los cuales tomando en cuenta los veintitrés días de descanso acotado más los quince días de este último comprenden en su totalidad treinta y ocho días desde la fecha, siendo este último descanso médico puesto en conocimiento de la demandada, por lo que concluye que los quince días restantes fueron puestos a conocimiento de la demandada y por lo tanto las inasistencias injustificadas señaladas por la demandada no resultan arregladas a ley ya que tales ausencias corresponden a una prolongación del descanso médico otorgado.

Quinto: Definición de falta grave y despido

Como lo conceptualiza el artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, falta grave es toda infracción por parte del trabajador de sus deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Manuel Alfonso García define el despido como «el acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual, éste, decide poner fin a la relación de trabajo».

Por nuestra parte, consideramos que el despido se conceptúa como la decisión unilateral del empleador de terminar la relación laboral con su trabajador, siendo que para ser legítima la causal de resolución del contrato de trabajo, debe estar sustentada en una causa justa señalada en la ley, su ejecución debe observar la forma prescrita por la ley, respetando las garantías del debido proceso sancionador, como el principio de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, inmediatez y otros, y comprobarse en juicio la causal que se imputa, como se desprende de lo dispuesto en los artículos 16° inciso g) 23°, 24°, 25°, 31° y 32° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; pues al ser el contrato de trabajo un acto jurídico bilateral, exige que su cumplimiento y ejecución no pueda dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (empleador), por lo que la inobservancia de dichos requisitos acarrea la ilegitimidad o la arbitrariedad del despido, que da lugar a la protección prevista en el artículo 27° de la Constitución Política del Estado.

Sexto: Jurisprudencia constitucional sobre la causalidad del despido

En la sentencia recaída en el Expediente N° 1124-20 01-AA/TC, de fecha once de julio de dos mil dos, el Tribunal Constitucional estableció que uno de los aspectos integrantes del núcleo duro del derecho constitucional al trabajo es la prohibición de no ser despedido salvo por causa justa. Asimismo, en la Sentencia N° 206-2005-AA/TC de fecha veintiocho de noviembre de dos mil cinco y en la Sentencia N° 976-2004-AA/TC su fecha trece de marzo de dos mil tres, señaló que el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda a elección del trabajador.


Séptimo: Carga de la prueba de la causal de despido

En el caso que nos ocupa, corresponde a las partes probar sus afirmaciones, en el caso de la demandada al tener la calidad de ex empleadora, deberá demostrar la causa del despido ello de conformidad con lo previsto en el numeral 3) del artículo 27° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, bajo ese contexto, la prueba fundamental presentada por la demandada para acreditar la falta grave en que habría incurrido la demandante y que generó su posterior despido, son los documentos, que contienen los descansos médicos de la actora.

Octavo: En relación a los hechos atribuidos como falta grave por el supuesto abandono de trabajo, se ha podido advertir:


i) En el documento de fecha trece de mayo de dos mil once, que corre en fojas noventa y seis, doña Julia Nestares Terán – junior de recursos humanos de la empresa demandada, dejó expresa constancia que recepcionó los siguientes documentos otorgados por la demandante: a) constancia de atención del día seis de abril de dos mil once emitido por el Dr. Iván Jibaja otorgando quince días de descanso médico desde el seis de abril al veinte de abril de dos mil once, y b) constancia de atención del día trece de mayo de dos mil once emitido por el Dr. Mario Peña otorgando ocho días dedescanso médico desde el nueve de mayo al dieciséis de mayo de dos mil once. Asimismo, del citado documento se aprecia que Julia Nestares Terán, precisa que: «(…) la Srta. Córdova no ha hecho uso efectivo de los descansos antes mencionados debido a las indicaciones del Sr. Jaime Saldaña debido a los compromisos laborales (…). Eldescanso medico iniciaría el día veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once por veintitrés días calendarios».


ii) En el documento de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, que corre en fojas noventa y ocho, doña Julia Nestares Terán – Junior de recursos humanos, dejó expresa constancia que recepcionó la constancia de atención de la demandante del día diecisiete de mayo de dos mil once emitido por el Dr. Iván Jibaja, quien le otorgó quince días de descanso médico desde el diecisiete de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil once.

Noveno: Al respecto, la demandada ha señalado en su recurso de casación que el Colegiado Superior ha interpretado equivocadamente que el descanso médico adicional otorgado por los días diecisiete al treinta y uno de mayo de dos mil once era una prolongación del descanso médico otorgado desde el veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once, por lo que la actora ha asumido indebidamente que desde el quince de junio de dos mil once tenía justificación para ausentarse por incapacidad física, toda vez que no hubo expreso acuerdo entre las partes de prolongar un descanso médico vencido al treinta y uno de mayo de dos mil once, por tanto, no podía tener efectos posteriores al catorce de junio de dos mil once.


Décimo: En el caso concreto, este Supremo Tribunal considera que no resulta viable que la empresa demandada haya postergado las licencias médicas otorgadas a la trabajadora, toda vez que se estaría afectando la salud e integridad de la actora, y que si bien las partes acordaron postergar los descansos médicos otorgados para los días seis al veinte de abril de dos mil once y los días nueve al dieciséis de mayo de dos mil once para hacerse efectivo el día veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once, conforme consta en los documentos, que corren en fojas noventa y seis a noventa y nueve; también lo es que debido a la postergación de los descansos médicos resulta lógico que la licencia médica otorgada a la actora para los días diecisiete al treinta y uno de mayo de dos mil once, deba hacerse efectivo a partir del quince al veinticuatro de junio de dos mil once, toda vez que no se puede restringir a la demandante su derecho a tomar los descansos médicos que por ley le corresponden; en ese sentido, se advierte que no se ha incurrido en el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral ni se ha configurado el abandono de trabajo; en consecuencia, la causales denunciadas devienen en infundadas.


Por las consideraciones expuestas:

FALLO

Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, Estudio Lanoire Eyzaguirre y Asociados S.C.R.L., mediante escrito presentado con fecha seis de enero de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos cincuenta y tres a trescientos cincuenta y seis; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil quince, que corre en fojas trescientos treinta y dos a trescientos cuarenta y ocho, y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano» conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Evelyn Elizabeth Córdova Carrillo, sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario; interviniendo como ponente el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron.

S.S.
AREVALO VELA
YRIVARREN FALLAQUE
ARIAS LAZARTE
DE LA ROSA BEDRIÑANA
MALCA GUAYLUPO