viernes, 18 de agosto de 2017

Caducidad de los Testamentos



Caducidad de los testametos

1.CONCEPTO:


La caducidad es una figura jurídica pro la cual se extingue el derecho y la acción correspondiente, conforme lo dispone el art. 2003 del C.C.

En el derecho sucesorio, está referido al testamento, en todo o en parte, o al heredero o legatario instituido.


Implica la perdida de la efectivizacion del testamento, que se produce por circunstancias a las cuales la ley otorga esa fuerza.


CADUCIDAD DEL TESTAMENTO:


Caducidad Total:


b) Caducidad Parcial:


3.PRETERICIÓN:


a) Preterición Absoluta:


b) Preterición Relativa:


4.CADUCIDAD DEL HEREDERO:


El art. 805 señala que, en cuanto a la institución de heredero, el testamento caduca en los siguientes casos:


Si el testador deja herederos forzosos que no tenía cuando otorgo el testamento (inc.1): esta disposición tiene un agregado innecesario por estar implicitito. Siendo los herederos forzosos solamente los descendientes, los ascendientes y el cónyuge, la disposición se refiere a los casos en que sobreviven descendientes por nacimiento o por adopción, ascendiente por adopción o cónyuge por matrimonio. La institución de heredero voluntario es posible siempre que el causante no tenga herederos forzosos alguno, de no sobrevenir uno al dictado del testamento en que el designo heredero voluntario.


Cuando el heredero renuncia a la herencia p muere antes que el testador si dejar representación sucesoria, o cuando el heredero es el cónyuge y se declara la separación judicial por culpa propia o el divorcio (Inc.2): en los casos de renuncia o la premoriencia no se extingue por caducidad del derecho del heredero que tiene descendientes, los cuales recogerán lo que a aquel le correspondía por la representación sucesoria. La disposición se refiere; por ello, a estos casos cuando no se da la representación.


Cuando el heredero pierde la herencia por declaración de indignidad o desheredación, sin dejar descendiente que puedan representarlo (inc.3); tratándose de la indignidad o la desheredación, no se extingue por caducidad el derecho del heredero que tiene descendientes, quienes heredan cuando se da la representación.


5. CADUCIDAD DEL LEGADO:


1. CONCEPTOS GENERALES:


Es así que en el derecho sucesorio, se presupone nulo un testamento irregularmente otorgado.


a) Nulidad Absoluta:


En el art. 219, el acto jurídico es nulo, cuando:


Falta la manifestación de voluntad del agente.


Se haya practicado por persona absolutamente incapaz; salvo los contratos relacionados con las necesidades ordinarias d su vida diaria que celebren los incapaces no privados de discernimiento, como lo manifiesta el art. 1358.


Su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable.


Su fin sea ilícito. Es el caso de la sucesión contractual prohibida por la ley.


Adolezca de simulación absoluta.


No revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad.


La ley lo declara nulo.


Es contrario a las leyes que interesan al orden público o a las buenas costumbres.


Conforme al art. 43, son absolutamente incapaces;


c. Los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable.


b) Nulidad Relativa:


El art. 221, el acto jurídico es anulable por:


Incapacidad relativa del agente. De acuerdo al art. 44, son relativamente incapaces:


Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad.


Los retardados mentales.


Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre libertad.


Los pródigos


Los que incurren en mala gestión.


Los ebrios habituales.


Los toxicómanos.


Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.


Vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación.


Simulación, cuando el acto real que lo contiene perjudica el derecho de tercero.


Declaración de tal por la ley.


2.TESTAMENTO NULO:


El testamento que adolece de nulidad absoluta a las circunstancias explicadas, el testamento es nulo en los siguientes casos:


a) cuando es otorgado pro incapaces menores de edad y por mayores enfermos mentales, cuya interdicción civil ha sido declarada, conforme al art. 808 del C.C.


b) Cuando adolece de defectos de forma: por faltarle la forma escrita, la fecha de su otorgamiento, el nombre del testador o su firma, que son los requisitos generales de todo testamento, establecido por el art. 695 del C.C, salvo que el testador no sepa o no pueda firmar, en cuyo caso lo hará, a su ruego, el testigo testamentario que el designe, si es por escritura pública (art. 697)


c) cuando no sea cumplen los requisitos esenciales que la ley señala para cada uno de los testamentos ordinarios, de conformidad con el art. 811 del C.C.


d) cuando tratándose de los testamentos militares o marítimos, falta la forma escrita, la firma del testador o de la persona autorizada para recibirlos, como establece el art. 813 del C.C.


e) cuando es otorgado en común por dos o más personas, tal como prescribe el art. 814 del C.C


3.TESTAMENTO ANULABLE:


a) Menores de edad, a excepción de los varones mayores de dieciséis años o las mujeres mayores de catorce años, que hayan contraído matrimonio, o de los menores de dieciocho, pero mayores de dieciséis que hayan obtenido título oficial que le autorice para ejercer una profesión y u oficio ( art. 687 inc. 1 y art. 43).


b) Los que por cualquier causa se encuentren probados de discernimiento (art. 43 inc. 2).


c) Los sordomudos, los ciego sordos y los ciego mudos, que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable (art. 43 inc.3).


d) Los retardos mentales (art.44 inc. 2),


e) Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad (art. 44 inc. 3).


f) Los ebrios habituales (art. 44 inc. 6).


g) Los toxicómanos (art. 44 inc. 7).

h) Los que el momento de testar, carecen, por cualquier causa, aunque sea transitoria, de la lucidez mental y de la libertad necesarias para el ejercicio de este acto (art. 687 inc. 3).
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La Desheredacion , Causas Desheredacion


Las partidas disponían que el desheredado, por lo menos, debería tener la edad de 10 años y medio y consideraban entre las causas de la desheredación.

Generalidades de la desheredación

Para que exista la desheredación deben darse las siguientes condiciones:

Que exista causa justificada

Que se trate de heredero forzoso

Que el testador manifieste en forma indubitable su propósito de desheredar.



La desheredación



Para que la desheredación produzca sus efectos jurídicos, es menester:


a. Debe hacerse por testamento designando al heredero forzoso, por sus nombres y apellidos, a quien se deshereda, de manera que no deje duda alguna de la persona de quien se trata (Art. 704 del CC).


b. Expresar de modo claro y preciso la voluntad de desheredar y la causa legal en que se funda, La desheredación dispuesta sin expresión de causa o por causa no señalada en la ley, o sujeta a condición, la invalida. Cuando se funda en falsa causa, la hace anulable (Art. 743 del CC).


c. Una vez desheredado por testamento, el testador puede, si quiere, interponer adicional demanda civil contra el desheredado para justificar su decisión, como puntualiza el Art. 751: "El que deshereda puede interponer demanda contra el desheredado para justificar su decisión. La demanda se tramita como proceso abreviado y la sentencia que se pronuncia impide contradecir la desheredación".

a. Desheredación de los descendientes.(Art. 744 del CC)

Las causas de la desheredación de los descendientes son:

Haber maltratado o injuriado grave y reiteradamente al ascendiente o a su cónyuge si éste es también ascendiente del ofensor: Es decir, que estos hechos afecten especialmente el respeto y consideración que merecen los padres; que afecten su honra e integridad física y que nadie puede mellar, menos los hijos.

Haberle negado sin motivo justificado alimentos o haber abandonado al ascendiente encontrándose éste gravemente enfermo o sin poder valerse por sí mismo: Aquí la falta en que se incurre no es por acción sino por omisión, es decir, por dejar de hacer lo que está obligado por la ley (art. 474 inc2) y además por consideraciones de orden moral, de modo consciente, voluntario injustificado, Otra sería la situación si el descendiente estuviera imposibilitado razonablemente para acudir en ayuda del padre, si es un enfermo mental o si se encuentra privado de su libertad, casos éstos en que no procedería, según el art. 748.

Haberle privado de su libertad injustificadamente: Además de constituir una causa legal de desheredación, constituye también un delito de violación de la libertad personal. En el caso de la desheredación, esta causal se configura por la privación de la libertad física del ascensor a fin de aislarlo en su propio beneficio; tal es el caso del secuestro. El ofensor puede ser tanto autor intelectual como material o haber coadyuvado en alguna forma para su realización.

Llevar el descendiente una vida deshonrosa o inmoral: El comportamiento inmoral constituye todo hecho impúdico, atentatorio de las buenas costumbres, mella el prestigio,

Desheredación de los ascendientes.(Art. 745 del CC) Las causas de la desheredación de los ascendientes son:

Haber negado injustificadamente alimentos a sus descendientes: La asistencia alimentaria es un derecho recíproco entre ascendientes y descendientes, la hipótesis que se contempla es que el ascendiente que se encontraba en posibilidad económica negó asistencia a su descendiente que se encontraba en estado de necesidad.

Haber incurrido el ascendiente en alguna de las causas por la que se pierde la patria potestad o haber sido privado de ella.

Desheredación del Cónyuge. (Art. 746 del CC)

El adulterio.

La violencia física o psicológica, que el juez apreciará según las circunstancias.

El atentado contra la vida del cónyuge.

La injuria grave, que haga insoportable la vida en común.

El abandono injustificado de la casa conyugal por más de dos años continuos o cuando la duración sumada de los períodos de abandono exceda a este plazo.

La conducta deshonrosa que haga insoportable la vida en común.


DESHEREDACION POR INDIGNIDAD (Art. 747 del CC)


Que el presunto indigno sea heredero o legatario con capacidad legal y que haya cometido una falta contra el ascendiente o su familia según los casos y que estén previstos en la ley como causal.

Que el llamado a heredar, a falta o en consecuencia con el presunto indigno, quiera ejercitar la acción civil correspondiente para su exclusión dentro del año de haber entrado el indigno en posesión de la herencia o el legado y que concluya son sentencia firme que declare fundada la demanda de exclusión de herencia por indignidad. Sin sentencia ejecutoriada no procederá la separación.

Son excluidos de la sucesión de determinada persona, por indignidad, como herederos o legatarios:

Los autores y cómplices de homicidio doloso o de su tentativa, cometidos contra la vida del causante, de sus ascendientes, descendientes o cónyuge. Esta causal de indignidad no desaparece por el indulto ni por la prescripción de la pena.

Los que hubieran sido condenados por delito doloso cometido en agravio del causante o de alguna de las personas a las que se refiere el inciso anterior.

Los que hubieran denunciado calumniosamente al causante por delito al que la ley sanciona con pena privativa de la libertad.

Los que hubieran empleado dolo o violencia para impedir al causante que otorgue testamento o para obligarle a hacerlo, o para que revoque total o parcialmente el otorgado.


Los que destruyan, oculten, falsifiquen o alteren el testamento de la persona de cuya sucesión se trata y quienes, a sabiendas, hagan uso de un testamento falsificado.


SUJETOS EXCENTOS DE DESHEREDACIÓN (Art. 748 del CC)


EFECTOS DE LA DESHEREDACION (Art. 749 del CC)


Los efectos de la desheredación tienen dos aspectos fundamentales:


El personal, porque por la desheredación el heredero forzoso es considerado como si nunca hubiera tenido esa calidad: por eso, sus efectos se retrotraen a partir del mismo momento de la apertura de la sucesión, pero no se extienden a sus descendientes que heredan por representación la legítima que perdió el desheredado.


El Patrimonial, el derecho que se le atribuye al heredero forzoso es la que circunscribe a su legítima, que la pierde por desheredación. Lo que queda de la masa hereditaria es la parte de libre disposición que corresponde a los legatarios, o sea a aquellas personas que son instituidas voluntariamente por el testador. La cuota de libre disposición nada tiene que ver con la legítima de modo que aquella puede corresponderle siempre a título de legado.


CONTRADICCION DE LA DESHEREDACIÓN (Art. 750 y 752 del CC)


Este dispositivo legal es importante por dos razones:

Porque permite al heredero forzoso, que es desheredado sin previo juicio, interponer la demanda respectiva dentro del plazo de 2 años contados desde la muerte del testador o desde que tiene conocimiento de la desheredación (Art. 750). Se sobre entiende que esta toma de conocimiento, se computará a partir de la muerte del testador, porque mientras viva la desheredación testamentaria puede ser revocada.

Porque la parte demandada estará integrada por los restantes herederos forzosos del testador y corresponderá a éstos probar los fundamentos de la desheredación. Como observaremos, aquí se invierte el principio de la prueba a cargo de quien demanda, como preceptúa el art. 196 del CPC, porque si no se prueban los hechos que sustentan la pretensión, la demanda será declarada fundada según el art. 200 del CPC.



CUANDO QUEDA SIN EFECTO LA DESHEREDACION (ART. 749 y 755 del CC)


Son varias las causas que pueden determinarla:


Por revocación: La revocación total del testamento por el propio testador, con arreglo al art. 798 y siguientes del CC, puede determinar que la desheredación contenida en él quede también sin efecto; pero también puede limitarse a la declaración anterior de desheredación, la cual puede asumir dos formas:


Expresa: cuando el testador mediante otro testamento o por escritura pública, manifiesta de modo claro y preciso su voluntad de revocar la desheredación anteriormente hecha.


Tácita: cuando posterior a la desheredación realizada, el testador, en un nuevo testamento que otorga, incluye también dentro de los herederos a quienes instituye, al desheredado sin alusión alguna a aquella desheredación.


Por Nulidad: Puede obedecer a diversas causas:


Todas aquellas referidas genéricamente al acto jurídico, según el artículo 2019:


El Acto jurídico es nulo:


Cuando falta la manifestación de la voluntad del agente.


Cuando se haya practicado por persona absolutamente incapaz, salvo lo dispuesto en el art. 1358.


Cuando su objeto es física o jurídicamente imposible o cuando es indeterminable.


Cuando su fin sea ilícito.


Cuando adolezca de simulación absoluta.


Cuando no revista la forma prescrita bajo sanción de nulidad.


Cuando la ley lo declara nulo.


Todas las causas de anulabilidad relacionadas genéricamente al acto jurídico según el art. 221.


Por Anulabilidad:


Por incapacidad relativa del agente


Por vicio resultante de error, dolo, violencia o intimidación.


Cuando la Ley lo declara anulable.


Por invalidación de la desheredación:


Por Caducidad de testamento especial: Se da en los siguientes casos:


Vencimiento del plazo de 3 meses computados a partir de la fecha en que el testador deje de estar en campaña y llegue a un lugar del territorio nacional donde sea posible otorgar testamento por escritura pública o cerrado con intervención de notario, tratándose de testamento militar; o a los 3 meses de haber desembarcado definitivamente el testador, cuando se refiere al testamento marítima.
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Casacion 4241-2016, Lima: Empleador debe respetar días de descanso médico de trabajador


SEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA
CASACIÓN LABORAL N° 4241-2016, LIMA

Pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario

PROCESO ORDINARIO

Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis


VISTA; la causa número cuatro mil doscientos cuarenta y uno, guión dos mil dieciséis, guión Lima, en audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:


MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, Estudio Lanoire Eyzaguirre y Asociados S.C.R.L., mediante escrito presentado con fecha seis de enero de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos cincuenta y tres a trescientos cincuenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil quince, que corre en fojas trescientos treinta y dos a trescientos cuarenta y ocho, que revocó en parte la sentencia apelada contenida en la resolución de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos ochenta, en el extremo que declara fundada el pago de remuneraciones insolutas, reformándola la declaró infundada, y la confirmó en el extremo que declara fundada en parte la demanda respecto a los beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario; en el proceso seguido por la demandante, Evelyn Elizabeth Córdova Carrillo, sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario.

CAUSALES DEL RECURSO

La parte recurrente invocando la tutela jurisdiccional efectiva y su derecho a la demanda, denuncia la causal siguiente: inaplicación de los incisos a) y h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.


CONSIDERANDO

Primero: El recurso de casación reúne los requisitos de forma que para su admisibilidad contempla el artículo 57° de la Ley N ° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021.

Segundo: Con relación a la causal denunciada, se advierte que la parte recurrente ha cumplido con el requisito previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, por lo que deviene en procedente.

Tercero: En consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento de fondo sobre la causal declarada procedente, referida a la inaplicación de los incisos a) y h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. «Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves:

a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad. (…)

b) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones».

Cuarto: De la pretensión demandada y pronunciamientos de las instancias de mérito


a) Antecedentes del caso: De la revisión de los actuados se verifica que en fojas setenta y ocho a ochenta y nueve, aparece la demanda interpuesta por Evelyn Elizabeth Córdova Carrillo contra el Estudio Lanoire Eyzaguirre y Asociados S.C.R.L., mediante la cual solicita el pago de remuneraciones insolutas y beneficios sociales, que comprende: gratificaciones, bonificación extraordinaria del 9% de ESSALUD, vacaciones, compensación por tiempo de servicios; asimismo, solicita el pago de la bonificación por retención indebida por la compensación por tiempo de servicios e indemnización por despido arbitrario por la suma total de ciento treinta y tres mil quinientos sesenta y cinco y 03/100 nuevos soles (S/.133,565.03); más intereses legales, costas y costos del proceso.

b) Sentencia de primera instancia: La jueza del Décimo Octavo Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la sentencia contenida en la resolución de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos ochenta, declaró fundada en parte la demanda disponiendo el pago cincuenta y siete mil quinientos veintiocho y 35/100 nuevo soles (S/.57,528.35) por concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, exponiendo:


i) Que de los medios probatorios admitidos y actuados queda plenamente acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes a tiempo indeterminado desde el dieciséis de abril de dos mil siete al uno de julio de dos mil once, con una remuneraciones de cuatro mil quinientos y 00/100 nuevos soles (S/.4,500.00) en el cargo de contadora junior, por lo que al no haber acreditado la demandada la causal de falta grave que habría determinado el despido de la actora, concluye que el cese se produjo por despido arbitrario, correspondiéndole el pago de sus beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario;

ii) Que se ha acreditado que la demandada ha tomado conocimiento del descanso médico de la demandante del periodo diecisiete de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil once, haciendo un récord pactado de treinta y ocho días culminados el veinticuatro de junio de dos mil once, por ende las inasistencias injustificadas que alega la demandada referidas a los días quince, dieciséis, diecisiete, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de junio de dos mil once, devienen en infundadas.

c) Sentencia de segunda instancia: Por su parte, el Colegiado Superior de la Primera Sala Laboral Permanente de la misma Corte Superior, en virtud a la apelación planteada, procedió a revocar la sentencia emitida en primera instancia en el extremo que declaró fundado el pago de remuneraciones insolutas, reformándola la declaró infundado y la confirmó en el extremo que declara fundada en parte la demanda sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, exponiendo como razones de su decisión, que si bien la parte actora acordó con su empleadora hacer efectivo su descanso de los veintitrés días desde el veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once, conforme se advierte de la instrumental, que corre en fojas veintidós, el mismo, que vencía indefectiblemente el catorce de junio.

Sin embargo, del documento de fojas veinticinco, se advierte que la demandante puso a conocimiento de su jefa (Junior de Recursos Humanos) el descanso médico adicional que comprende quince días que va desde el diecisiete de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil once, de los cuales tomando en cuenta los veintitrés días de descanso acotado más los quince días de este último comprenden en su totalidad treinta y ocho días desde la fecha, siendo este último descanso médico puesto en conocimiento de la demandada, por lo que concluye que los quince días restantes fueron puestos a conocimiento de la demandada y por lo tanto las inasistencias injustificadas señaladas por la demandada no resultan arregladas a ley ya que tales ausencias corresponden a una prolongación del descanso médico otorgado.

Quinto: Definición de falta grave y despido

Como lo conceptualiza el artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, falta grave es toda infracción por parte del trabajador de sus deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Manuel Alfonso García define el despido como «el acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual, éste, decide poner fin a la relación de trabajo».

Por nuestra parte, consideramos que el despido se conceptúa como la decisión unilateral del empleador de terminar la relación laboral con su trabajador, siendo que para ser legítima la causal de resolución del contrato de trabajo, debe estar sustentada en una causa justa señalada en la ley, su ejecución debe observar la forma prescrita por la ley, respetando las garantías del debido proceso sancionador, como el principio de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, inmediatez y otros, y comprobarse en juicio la causal que se imputa, como se desprende de lo dispuesto en los artículos 16° inciso g) 23°, 24°, 25°, 31° y 32° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; pues al ser el contrato de trabajo un acto jurídico bilateral, exige que su cumplimiento y ejecución no pueda dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (empleador), por lo que la inobservancia de dichos requisitos acarrea la ilegitimidad o la arbitrariedad del despido, que da lugar a la protección prevista en el artículo 27° de la Constitución Política del Estado.

Sexto: Jurisprudencia constitucional sobre la causalidad del despido

En la sentencia recaída en el Expediente N° 1124-20 01-AA/TC, de fecha once de julio de dos mil dos, el Tribunal Constitucional estableció que uno de los aspectos integrantes del núcleo duro del derecho constitucional al trabajo es la prohibición de no ser despedido salvo por causa justa. Asimismo, en la Sentencia N° 206-2005-AA/TC de fecha veintiocho de noviembre de dos mil cinco y en la Sentencia N° 976-2004-AA/TC su fecha trece de marzo de dos mil tres, señaló que el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda a elección del trabajador.


Séptimo: Carga de la prueba de la causal de despido

En el caso que nos ocupa, corresponde a las partes probar sus afirmaciones, en el caso de la demandada al tener la calidad de ex empleadora, deberá demostrar la causa del despido ello de conformidad con lo previsto en el numeral 3) del artículo 27° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, bajo ese contexto, la prueba fundamental presentada por la demandada para acreditar la falta grave en que habría incurrido la demandante y que generó su posterior despido, son los documentos, que contienen los descansos médicos de la actora.

Octavo: En relación a los hechos atribuidos como falta grave por el supuesto abandono de trabajo, se ha podido advertir:


i) En el documento de fecha trece de mayo de dos mil once, que corre en fojas noventa y seis, doña Julia Nestares Terán – junior de recursos humanos de la empresa demandada, dejó expresa constancia que recepcionó los siguientes documentos otorgados por la demandante: a) constancia de atención del día seis de abril de dos mil once emitido por el Dr. Iván Jibaja otorgando quince días de descanso médico desde el seis de abril al veinte de abril de dos mil once, y b) constancia de atención del día trece de mayo de dos mil once emitido por el Dr. Mario Peña otorgando ocho días dedescanso médico desde el nueve de mayo al dieciséis de mayo de dos mil once. Asimismo, del citado documento se aprecia que Julia Nestares Terán, precisa que: «(…) la Srta. Córdova no ha hecho uso efectivo de los descansos antes mencionados debido a las indicaciones del Sr. Jaime Saldaña debido a los compromisos laborales (…). Eldescanso medico iniciaría el día veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once por veintitrés días calendarios».


ii) En el documento de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, que corre en fojas noventa y ocho, doña Julia Nestares Terán – Junior de recursos humanos, dejó expresa constancia que recepcionó la constancia de atención de la demandante del día diecisiete de mayo de dos mil once emitido por el Dr. Iván Jibaja, quien le otorgó quince días de descanso médico desde el diecisiete de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil once.

Noveno: Al respecto, la demandada ha señalado en su recurso de casación que el Colegiado Superior ha interpretado equivocadamente que el descanso médico adicional otorgado por los días diecisiete al treinta y uno de mayo de dos mil once era una prolongación del descanso médico otorgado desde el veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once, por lo que la actora ha asumido indebidamente que desde el quince de junio de dos mil once tenía justificación para ausentarse por incapacidad física, toda vez que no hubo expreso acuerdo entre las partes de prolongar un descanso médico vencido al treinta y uno de mayo de dos mil once, por tanto, no podía tener efectos posteriores al catorce de junio de dos mil once.


Décimo: En el caso concreto, este Supremo Tribunal considera que no resulta viable que la empresa demandada haya postergado las licencias médicas otorgadas a la trabajadora, toda vez que se estaría afectando la salud e integridad de la actora, y que si bien las partes acordaron postergar los descansos médicos otorgados para los días seis al veinte de abril de dos mil once y los días nueve al dieciséis de mayo de dos mil once para hacerse efectivo el día veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once, conforme consta en los documentos, que corren en fojas noventa y seis a noventa y nueve; también lo es que debido a la postergación de los descansos médicos resulta lógico que la licencia médica otorgada a la actora para los días diecisiete al treinta y uno de mayo de dos mil once, deba hacerse efectivo a partir del quince al veinticuatro de junio de dos mil once, toda vez que no se puede restringir a la demandante su derecho a tomar los descansos médicos que por ley le corresponden; en ese sentido, se advierte que no se ha incurrido en el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral ni se ha configurado el abandono de trabajo; en consecuencia, la causales denunciadas devienen en infundadas.


Por las consideraciones expuestas:

FALLO

Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, Estudio Lanoire Eyzaguirre y Asociados S.C.R.L., mediante escrito presentado con fecha seis de enero de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos cincuenta y tres a trescientos cincuenta y seis; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil quince, que corre en fojas trescientos treinta y dos a trescientos cuarenta y ocho, y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano» conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Evelyn Elizabeth Córdova Carrillo, sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario; interviniendo como ponente el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron.

S.S.
AREVALO VELA
YRIVARREN FALLAQUE
ARIAS LAZARTE
DE LA ROSA BEDRIÑANA
MALCA GUAYLUPO
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Diferencias entre Dolo y Culpa (Video)



Fuente: Pucp
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lunes, 14 de agosto de 2017

¿Puedo ir preso si no pago pensión de alimentos? (Video)



Fuente: Pucp
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Casacion 12381-2015, Lambayeque: Presentar certificado médico falso justifica despido


CASACIÓN LABORAL Nº 12381-2015, LAMBAYEQUE

Nulidad de despido

PROCESO ABREVIADO – NLPT


Lima, veintiocho de junio dos mil diecisiete

VISTA, con el acompañado; la causa número doce mil trescientos ochenta y uno, guion dos mil quince, guion LAMBAYEQUE, en audiencia pública de la fecha; y luego de efectuada la votación con arreglo a ley, se emite la siguiente sentencia:
MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por el demandante, Jorge Luis Bautista Ordoñez, mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil quince, que corre en fojas quinientos noventa y siete a seiscientos quince, contra la Sentencia de Vista de fecha catorce de mayo de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos ochenta y nueve a quinientos cuarenta y ocho, que revocó la Sentencia apelada de fecha veinte de junio de dos mil catorce, que corre en fojas trescientos sesenta y cinco a trescientos setenta y nueve, que declaró fundada la demanda, y reformándola declaró infundada; en el proceso laboral seguido con la entidad demandada, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), sobre nulidad de despido.
CAUSALES DEL RECURSO

El recurso de casación interpuesto por el demandante, se declaró procedente mediante Resolución de fecha veintiocho de abril de dos mil diecisiete, que corre en fojas doscientos trece a doscientos diecisiete, del cuaderno de casación, por las causales de:
Infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.
Infracción normativa por interpretación errónea de los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

Correspondiendo a esta Sala Suprema emitir pronunciamiento de fondo al respecto.
CONSIDERANDO
Primero: Antecedentes del caso
Pretensión: Conforme se aprecia de la demanda, que corre en fojas cincuenta y siete a ochenta y cuatro, subsanada en fojas setenta y tres a ochenta y cuatro, el actor solicita la nulidad de su despido, dentro de las causales tipificadas en los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; en consecuencia, su reposición y el pago de remuneraciones devengadas, con costas y costos del proceso.
Sentencia de primera instancia: El Juez del primer Juzgado Especializado de Trabajo de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, mediante Sentencia de fecha veinte de junio de dos mil catorce, declaró fundada la demanda, al considerar que no se encuentra probado la existencia de una causa justa de despido relacionado a la conducta del demandante, pues no existe indicios de que proporcionó información falsa a su empleador. Asimismo, indica que ha configurado los supuestos tipificados en los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, al haberse acreditado el nexo causal de la queja interpuesta por el demandante y la discriminación sobre el despido.
Sentencia de segunda instancia: El Colegiado de la Segunda Sala Laboral de la misma Corte Superior de Justicia, mediante Sentencia de Vista de fecha catorce de mayo de dos mil quince, revocó la Sentencia emitida en primera instancia, y reformándola declaró infundada, argumentando que la demandada ha cumplido con la carga probatoria respecto a postular elementos suficientes para demostrar la existencia de una justificación objetiva y razonable para despedir al demandante, esto es, ha logrado acreditar la causa justa de despido, en razón a las faltas graves del trabajador previstas en los incisos a) y d) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, consistentes en proporcionar información falsa al empleador y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo. De otro lado, manifiesta que no se acreditó el nexo causal de las causales de nulidad de despido, tipificadas en los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.
Segundo: Infracción normativa

La infracción normativa podemos conceptualizarla como la afectación a las normas jurídicas en que incurre el Colegiado Superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma, pueda interponer el respectivo recurso de casación. Respecto de los alcances del concepto de infracción normativa quedan comprendidas en la misma, las causales que anteriormente contemplaba el artículo 56° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley Nº 27021, relativas a la interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación. Además, otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo.

Tercero: La causal de orden procesal declarada procedente, está referida a la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.

La norma en mención, prescribe:

(…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación. (…)

5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan. (…).
Cuarto: Delimitación del objeto de pronunciamiento

Conforme a la causal de casación declarada procedente, el análisis debe circunscribirse a delimitar si se ha infringido los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, relacionado al debido proceso y la debida motivación de las Resoluciones Judiciales. De advertirse la infracción normativa de carácter procesal, corresponderá a esta Suprema Sala declarar fundado el recurso de casación propuesto y la nulidad de la resolución recurrida; de conformidad con el artículo 39° de la Ley N° 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo; en sentido contrario, de no presentarse la afectación alegada por la recurrente, la causal devendrá en infundada.
Quinto: Alcances sobre el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú

Sobre el debido proceso, contenido del inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, debemos decir que la doctrina es pacífica en aceptar que entre los distintos elementos integrantes al derecho del debido proceso, este necesariamente comprende los siguientes:
Derecho a un juez predeterminado por la ley (juez natural).
Derecho a un juez independiente e imparcial.
Derecho a la defensa y patrocinio por un abogado.
Derecho a la prueba.
Derecho a una resolución debidamente motivada.
Derecho a la impugnación.
Derecho a la instancia plural.
Derecho a no revivir procesos fenecidos.
Sexto: Precisiones respecto al inciso 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú

Respecto a esta causal, debe tenerse en cuenta la necesidad de motivar las resoluciones judiciales, y de hacerlo de manera razonable y ajustada a las pretensiones formuladas en el proceso, forma parte de los requisitos que permiten la observancia en un proceso concreto, del derecho a la tutela judicial efectiva. Al respecto, Aníbal QUIROGA sostiene que:

(…) para que se considere cumplido el requisito de la motivación, es necesario que se lleve a cabo la doble finalidad de exteriorizar, de un lado, el fundamento de la decisión adoptada, haciendo explicito que este responde a una determinada interpretación del Derecho, y de permitir, de otro, su eventual control jurisdiccional mediante el efectivo ejercicio de los derechos.

El Tribunal Constitucional en su Sentencia de fecha trece de octubre de dos mil ocho, al resolver el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, respecto de la debida motivación de las resoluciones judiciales, en su sexto fundamento ha expresado lo siguiente:

(…) Ya en sentencia anterior, este Tribunal Constitucional (Exp. N.º 1480-2006-AA/TC. FJ 2) ha tenido la oportunidad de precisar que “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (…) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso.

Asimismo, el sétimo fundamento de la referida Sentencia ha señalado que el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales queda delimitado entre otros por los supuestos siguientes: a) inexistencia de motivación o motivación aparente, b) falta de motivación interna del razonamiento, c)deficiencias en la motivación externa: justificación de las premisas, d) motivación insuficiente, e) motivación sustancialmente incongruente y, f) motivaciones cualificadas.

En ese sentido, habrá motivación de las resoluciones judiciales siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto, y por si misma la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aún si esta es breve o concisa.
Séptimo: Solución al caso concreto

De la revisión de la Sentencia de Vista no se advierte que el Colegiado de mérito haya infringido el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, que regula el debido proceso, ni tampoco el inciso 5) del artículo citado, toda vez que expresa los fundamentos fácticos y jurídicos que sustentan la conclusión arribada, respecto a la nulidad de despido; en consecuencia, la causal de orden procesal, deviene en infundada.

Octavo: La causal material declarada procedente, está referida a la infracción normativa por interpretación errónea de los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

La norma en mención, prescribe:

Artículo 29.- Es nulo el despido que tenga por motivo:

(…)

c) Presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, salvo que configure la falta grave contemplada en el inciso f) del Artículo 25;

d) La discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma; (…).
Noveno: Delimitación del objeto de pronunciamiento

Conforme se verifica del recurso de casación y lo actuado por las instancias de mérito, el tema en controversia está relacionado a determinar si se ha configurado la nulidad de despido dentro de las causales tipificadas en los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.
Décimo: Respecto al despido

El despido es la extinción de la relación de trabajo, fundada exclusivamente en la voluntad unilateral del empleador, la cual debe estar sustentada en una causa justa.

Alonso García define el despido como:

El acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual éste decide poner fin a la relación de trabajo.

Por su parte, Pla Rodríguez señala:

El despido es un acto unilateral por el cual el empleador pone fin al contrato de trabajo[5].

Al respecto, Montoya Melgar, señala que los caracteres del despido son: a) es un acto unilateral del empleador, para cuya eficacia la voluntad del trabajador es innecesaria e irrelevante; b) es un acto constitutivo, por cuanto el empresario no se limita a proponer el despido sino que él lo realiza directamente; c) es un acto recepticio, en cuanto a su eficacia depende de la voluntad extintiva del empleador sea conocida por el trabajador, a quien está destinada; y d) es un acto que produce la extinción contractual, en cuanto cesan ad futurumlos efectos del contrato.

En relación a ello, el despido debe estar fundado en una causa justa, por lo que se limita el poder que tiene el empleador, dentro del elemento de la subordinación, tal es así que nuestra legislación ha contemplado en el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, las causas justas de despido, bajo dos ámbitos: a) relacionadas con la capacidad del trabajador; y b) relacionadas con la conducta del trabajador.
Décimo Primero: Alcances sobre la nulidad de despido

El despido nulo se configura cuando el empleador basa el despido en una causa ilícita, lesionando derechos fundamentales; por lo cual, esta concebido para salvaguardar el derecho a la estabilidad laboral absoluta, siempre y cuando el supuesto de hecho se encuentre contemplado en la norma.

Bajo esa premisa, nuestro legislación ha dispuesto que solo se suscita la nulidad de despido, cuando se configuran los supuestos tipificados en el artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, entre los cuales, se encuentra cuando el despido es promovido porque el trabajador presenta una queja o participa en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes.

Dicha protección configura una garantía de indemnidad, según la cual: “ (…) represaliar a un trabajador con el despido por haber intentado el ejercicio de la acción judicial representa una conducta vulneradora de la tutela judicial efectiva, que habrá de ser sancionada por los Tribunales con la nulidad radical de tal médida”, según doctrina establecida por el Tribunal Constitucional español, a que se refiere Cabeza Pereira.
Décimo Segundo: Precisiones sobre la interpretación de los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR

Respecto al inciso c) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, que contempla la nulidad de despido, por presentar una queja o participar en un proceso contra el empleador ante las autoridades competentes, se debe precisar que esta Sala Suprema mediante Casación N° 2066-2014-LIMA de fecha veintisiete de octubre de dos mil catorce, dispuso como interpretación judicial del inciso c) del artículo 29° del dispositivo legal citado, lo siguiente:

“La protección contra el despido nulo que refiere el inciso c) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, se extiende a todo proceso administrativo o judicial que siga el trabajador contra su empleador siempre y cuando tenga conexión con sus derechos de carácter laboral, por lo que se descarta que cualquier comunicación interna dirigida por el trabajador contra su empleador, formulando alguna reclamación de carácter laboral o de otra naturaleza, pueda ser considerada como la causal de nulidad que señala la norma citada precedentemente”.

En atención a lo expuesto, corresponde expresar que para que se configure la nulidad de despido dentro de la causal tipificada en el inciso c) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, debe acreditarse que la separación está precedida de actitudes o conductas del empleador que evidencien el propósito de impedir arbitrariamente reclamos de sus trabajadores. En ese contexto, no basta con alegar que el despido fue como consecuencia de presentar una queja o participar en un proceso, sino que debe acreditarse dicho nexo causal, es decir, la represalia incurrida por el empleador, lo que implica una transgresión a la tutela jurisdiccional.

En relación al inciso d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, que contempla la nulidad de despido en los casos de discriminación por razón de sexo, raza, religión, opinión o idioma, corresponde manifestar que se encuentra fundado en el inciso 2) del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, por lo que, está prohibido cualquier tratamiento desigual por parte del empleador al trabajador, cuando no se establece una justificación acorde a Ley. En consecuencia, corresponde acreditar el nexo causal respecto a la discriminación y el despido, del cual es objeto el trabajador.
Décimo Tercero: De la carga probatoria en los procesos de nulidad de despido

La carga de la prueba es una regla de conducta para las partes en la medida que, corresponde a las partes la facultad de aportar los hechos y las pruebas (principio de aportación de parte), para obtener una sentencia favorable. Asimismo, la carga de la prueba tiene como fundamento la regla de juicio para el Juez, esto es, en el deber judicial de dictar una sentencia sobre el fondo del asunto y como norma de conducta para las partes, que radica en el principio de aportación de partes. De otro lado, la esencia de la carga de la prueba reside en la resolución con respecto a una duda, por lo cual, incumbe a la parte, pues se podrá resolver en perjuicio de él, en caso de incertidumbre.

Se debe tener en consideración que en los casos que se demanda la nulidad del despido, la parte laboral no se encuentra liberada de su carga probatoria, sino que tiene la obligación de aportar indicios razonables que permitan establecer que su despido obedeció a alguna de las causales de nulidad de despido, previstas en el artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

En ese sentido, la carga probatoria del trabajador es indiciaria; sin embargo, no está exonerado de probar la causal de nulidad que invoca, pues, exonerarlo de esta obligación no solo sería contrario al texto expreso de la ley, sino que se abriría el camino para que todo trabajador despedido, fuese por la causa que fuese, alegara la existencia de una causal de nulidad prevista en la ley, con lo que obligatoriamente caería en el empleador la carga de la prueba, llegándose a una situación irrazonable en la actividad probatoria en los procesos por nulidad de despido.

Al respecto, Monereo, refiriéndose a la carga probatoria del trabajador en los procesos por lesión de derechos fundamentales en el derecho español (equivalentes a los procesos por nulidad de despido en nuestra legislación) sostiene que: “El trabajador ha de probar uno o varios indicios (hechos indiciarios) de los que pueda deducirse una presunción no plena de la existencia de la lesión al derecho fundamental; al demandado para destruir esa presunción no plena, solo le basta probar plenamente el carácter objetivo y razonable de la medida adoptada y asimismo la proporcionalidad de esta con los hechos imputados al trabajador despedido, aunque del binomio hechos-medida adoptada se llega a la conclusión de que aquellos no fueron de la gravedad suficiente como para proceder al despido disciplinario: aquí la calificación de simple improcedencia no determina, por sí sola y necesariamente, la consideración del carácter lesivo al derecho fundamental del acto de despido” .

En esa línea, podemos afirmar que si el trabajador no prueba por lo menos indiciariamente la causal de nulidad de su despido, el empleador deberá ser absuelto de la demanda conforme a lo previsto en el artículo 200° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria al proceso laboral.
Décimo Cuarto: Solución al caso concreto

El actor sustenta su nulidad de despido, en la queja interpuesta ante la Autoridad Administrativa de Trabajo por los actos de hostilización incurridos por la entidad demandada respecto a la limitación en el acceso al sistema GEMA y la negativa de la licencia de sin goce de haber para el día veintisiete de julio de dos mil once; además, de haber sido objeto de actos de discriminación sobre el acceso al sistema citado, supuestos tipificados en los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; sin embargo, la parte demandada argumenta que la extinción del vínculo se encuentra motivado en la falta grave por proporcionar información falsa al empleador, con la intención de causarle perjuicio u obtener una ventaja, de acuerdo al inciso d) del artículo 25° de la citada norma, consistente en sustentar la licencia sin goce de haber para el día veintisiete de julio de dos mil once, con un certificado médico falso.

Décimo Quinto: Respecto al supuesto tipificado en el inciso c) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, alegado por el demandante, es necesario expresar, que de la revisión de los autos, se verifica que no existen medios probatorios suficientes que certifiquen el nexo causal del despido, ocurrido el veintinueve de setiembre de dos mil once, con la queja interpuesta ante la Autoridad Administrativa de Trabajo por los supuestos actos de hostilizaciones incurridos por la entidad demandada, que originaron la Orden de Inspección N° 2336-2011, de fecha once de agosto de dos mil once, pues si bien son próximas las fechas del despido y la queja, también es cierto que en el Informe final de la orden de inspección, citada, que corre en fojas ciento treinta y cinco a ciento treinta y ocho, se determinó que resulta razonable la restricción en cuanto al uso de cuentas de acceso al sistema informático.

Además, que respecto a la negativa de licencia para el día veintisiete de julio de dos mil once por parte de la demandada, corresponde decir que de la revisión de autos, se verifica que el demandante solicitó la licencia para el día antes indicado, el día veintidós de julio de dos mil once, el cual fue rechazado por la entidad demandada, para que se adjunte la justificación respectiva, tal como corre en fojas ciento dieciséis; sin embargo, el demandante no asistió el día veintisiete de julio de dos mil dieciséis, remitiendo un correo el día uno de agosto de dos mil once, con la justificación, consistente en un certificado médico falso, pues el médico que suscribe el certificado, no existe en RENIEC y con Oficio, que corre en fojas ciento cuarenta y uno, se indicó que el demandante no estaba registrado en el Hospital que supuestamente emitió el certificado; supuesto de hecho, que promovió que la entidad demandada inicie un procedimiento de despido el día siete de setiembre de dos mil once por la causal tipificada en el inciso d) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, concluyendo con el despido.

Décimo Sexto: Al respecto, del Informe de Pericia en Sistemas, que corre en fojas doscientos setenta y tres a trescientos ocho, se señala en el punto tres, que efectivamente que el correo con el certificado médico adjunto, fue remitido por el demandante.

Siendo así, y acreditándose que el despido del demandante, ha sido bajo una causa justa relacionado con su conducta por proporcionar una información falsa al empleador, es evidente que la extinción del vínculo laboral no ha obedecido a una represalia incurrida por la entidad demandada, respecto a la queja interpuesta por el demandante ante la autoridad administrativa de trabajo, y de ser el caso con el expediente N° 5051-2005 que ordenó la reposición del demandante el día veintiocho de enero de dos mil once; más aún, si no se verificó los actos de hostilización supuestamente incurridas por la entidad demandada.

Décimo Sétimo: De otro lado, en cuanto al supuesto tipificado en el inciso d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, y atendiendo a la teoría del caso señalado en párrafo precedente, respecto a la causa justa de despido del trabajador, también corresponde expresar que no se encuentra acreditado los actos de discriminación hacia el demandante; más aún, si se tiene en cuenta que la limitación del acceso, ha sido justificado, tal como se evidencia en el Informe final de la orden de inspección, citada, que corre en fojas ciento treinta y cinco a ciento treinta y ocho.

Décimo Octavo: En mérito a lo anotado, ha quedado establecido que no existe el nexo causal entre los supuestos alegados por el demandante y el despido. En consecuencia, al no existir los medios probatorios suficientes que sustenten las causales tipificadas en los inciso c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR, se determina que no se ha configurado la nulidad de despido.

Décimo Noveno: Siendo así, se concluye que el Colegiado Superior no ha infraccionado por interpretación errónea los incisos c) y d) del artículo 29° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR; por consiguiente, el recurso de casación deviene en infundado.

Por estas consideraciones:
DECISIÓN:

Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, Jorge Luis Bautista Ordoñez, mediante escrito presentado el veintisiete de mayo de dos mil quince, que corre en fojas quinientos noventa y siete a seiscientos quince; NO CASARON la Sentencia de Vista de fecha catorce de mayo de dos mil quince, que corre en fojas cuatrocientos ochenta y nueve a quinientos cuarenta y ocho; y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano” conforme a ley; en el proceso laboral seguido con la entidad demandada, Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), sobre nulidad de despido; interviniendo como ponente, el señor juez supremo Malca Guaylupo y los devolvieron.

S.S.
YRIVARREN FALLAQUE
CHAVES ZAPATER
RODAS RAMÍREZ
DE LA ROSA BEDRIÑANA
MALCA GUAYLUPO
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jueves, 3 de agosto de 2017

Casacion 4241-2016, Lima: Empleador debe respetar días de descanso médico de trabajador


EGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL TRANSITORIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA

CASACIÓN LABORAL N° 4241-2016, LIMA

Pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario

PROCESO ORDINARIO

Lima, catorce de octubre de dos mil dieciséis


VISTA; la causa número cuatro mil doscientos cuarenta y uno, guión dos mil dieciséis, guión Lima, en audiencia pública de la fecha; y, producida la votación con arreglo a ley, se ha emitido la siguiente sentencia:


MATERIA DEL RECURSO

Se trata del recurso de casación interpuesto por la demandada, Estudio Lanoire Eyzaguirre y Asociados S.C.R.L., mediante escrito presentado con fecha seis de enero de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos cincuenta y tres a trescientos cincuenta y seis, contra la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil quince, que corre en fojas trescientos treinta y dos a trescientos cuarenta y ocho, que revocó en parte la sentencia apelada contenida en la resolución de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos ochenta, en el extremo que declara fundada el pago de remuneraciones insolutas, reformándola la declaró infundada, y la confirmó en el extremo que declara fundada en parte la demanda respecto a los beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario; en el proceso seguido por la demandante, Evelyn Elizabeth Córdova Carrillo, sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario.

CAUSALES DEL RECURSO

La parte recurrente invocando la tutela jurisdiccional efectiva y su derecho a la demanda, denuncia la causal siguiente: inaplicación de los incisos a) y h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR.

CONSIDERANDO

Primero: El recurso de casación reúne los requisitos de forma que para su admisibilidad contempla el artículo 57° de la Ley N ° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021.

Segundo: Con relación a la causal denunciada, se advierte que la parte recurrente ha cumplido con el requisito previsto en el inciso c) del artículo 58° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, modificado por el artículo 1° de la Ley N° 27021, por lo que deviene en procedente.

Tercero: En consecuencia, corresponde emitir pronunciamiento de fondo sobre la causal declarada procedente, referida a la inaplicación de los incisos a) y h) del artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. «Artículo 25.- Falta grave es la infracción por el trabajador de los deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación. Son faltas graves:


a) El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización intempestiva de labores y la inobservancia del Reglamento Interno de Trabajo o del Reglamento de Seguridad e Higiene Industrial, aprobados o expedidos, según corresponda, por la autoridad competente que revistan gravedad. (…)

b) El abandono de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias injustificadas por más de cinco días en un período de treinta días calendario o más de quince días en un período de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en cada caso, la impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestaciones escritas y suspensiones».

Cuarto: De la pretensión demandada y pronunciamientos de las instancias de mérito


a) Antecedentes del caso: De la revisión de los actuados se verifica que en fojas setenta y ocho a ochenta y nueve, aparece la demanda interpuesta por Evelyn Elizabeth Córdova Carrillo contra el Estudio Lanoire Eyzaguirre y Asociados S.C.R.L., mediante la cual solicita el pago de remuneraciones insolutas y beneficios sociales, que comprende: gratificaciones, bonificación extraordinaria del 9% de ESSALUD, vacaciones, compensación por tiempo de servicios; asimismo, solicita el pago de la bonificación por retención indebida por la compensación por tiempo de servicios e indemnización por despido arbitrario por la suma total de ciento treinta y tres mil quinientos sesenta y cinco y 03/100 nuevos soles (S/.133,565.03); más intereses legales, costas y costos del proceso.

b) Sentencia de primera instancia: La jueza del Décimo Octavo Juzgado de Trabajo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través de la sentencia contenida en la resolución de fecha tres de noviembre de dos mil catorce, que corre en fojas doscientos sesenta y cinco a doscientos ochenta, declaró fundada en parte la demanda disponiendo el pago cincuenta y siete mil quinientos veintiocho y 35/100 nuevo soles (S/.57,528.35) por concepto de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, exponiendo:

i) Que de los medios probatorios admitidos y actuados queda plenamente acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes a tiempo indeterminado desde el dieciséis de abril de dos mil siete al uno de julio de dos mil once, con una remuneraciones de cuatro mil quinientos y 00/100 nuevos soles (S/.4,500.00) en el cargo de contadora junior, por lo que al no haber acreditado la demandada la causal de falta grave que habría determinado el despido de la actora, concluye que el cese se produjo por despido arbitrario, correspondiéndole el pago de sus beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario;

ii) Que se ha acreditado que la demandada ha tomado conocimiento del descanso médico de la demandante del periodo diecisiete de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil once, haciendo un récord pactado de treinta y ocho días culminados el veinticuatro de junio de dos mil once, por ende las inasistencias injustificadas que alega la demandada referidas a los días quince, dieciséis, diecisiete, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés y veinticuatro de junio de dos mil once, devienen en infundadas.

c) Sentencia de segunda instancia: Por su parte, el Colegiado Superior de la Primera Sala Laboral Permanente de la misma Corte Superior, en virtud a la apelación planteada, procedió a revocar la sentencia emitida en primera instancia en el extremo que declaró fundado el pago de remuneraciones insolutas, reformándola la declaró infundado y la confirmó en el extremo que declara fundada en parte la demanda sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario, exponiendo como razones de su decisión, que si bien la parte actora acordó con su empleadora hacer efectivo su descanso de los veintitrés días desde el veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once, conforme se advierte de la instrumental, que corre en fojas veintidós, el mismo, que vencía indefectiblemente el catorce de junio.


Sin embargo, del documento de fojas veinticinco, se advierte que la demandante puso a conocimiento de su jefa (Junior de Recursos Humanos) el descanso médico adicional que comprende quince días que va desde el diecisiete de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil once, de los cuales tomando en cuenta los veintitrés días de descanso acotado más los quince días de este último comprenden en su totalidad treinta y ocho días desde la fecha, siendo este último descanso médico puesto en conocimiento de la demandada, por lo que concluye que los quince días restantes fueron puestos a conocimiento de la demandada y por lo tanto las inasistencias injustificadas señaladas por la demandada no resultan arregladas a ley ya que tales ausencias corresponden a una prolongación del descanso médico otorgado.

Quinto: Definición de falta grave y despido

Como lo conceptualiza el artículo 25° del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97-TR, falta grave es toda infracción por parte del trabajador de sus deberes esenciales que emanan del contrato, de tal índole, que haga irrazonable la subsistencia de la relación laboral. Manuel Alfonso García define el despido como «el acto unilateral de la voluntad del empresario por virtud del cual, éste, decide poner fin a la relación de trabajo».


Por nuestra parte, consideramos que el despido se conceptúa como la decisión unilateral del empleador de terminar la relación laboral con su trabajador, siendo que para ser legítima la causal de resolución del contrato de trabajo, debe estar sustentada en una causa justa señalada en la ley, su ejecución debe observar la forma prescrita por la ley, respetando las garantías del debido proceso sancionador, como el principio de legalidad, proporcionalidad, razonabilidad, inmediatez y otros, y comprobarse en juicio la causal que se imputa, como se desprende de lo dispuesto en los artículos 16° inciso g) 23°, 24°, 25°, 31° y 32° del Decreto Supremo N° 003-97-TR; pues al ser el contrato de trabajo un acto jurídico bilateral, exige que su cumplimiento y ejecución no pueda dejarse al arbitrio de uno de los contratantes (empleador), por lo que la inobservancia de dichos requisitos acarrea la ilegitimidad o la arbitrariedad del despido, que da lugar a la protección prevista en el artículo 27° de la Constitución Política del Estado.

Sexto: Jurisprudencia constitucional sobre la causalidad del despido

En la sentencia recaída en el Expediente N° 1124-20 01-AA/TC, de fecha once de julio de dos mil dos, el Tribunal Constitucional estableció que uno de los aspectos integrantes del núcleo duro del derecho constitucional al trabajo es la prohibición de no ser despedido salvo por causa justa. Asimismo, en la Sentencia N° 206-2005-AA/TC de fecha veintiocho de noviembre de dos mil cinco y en la Sentencia N° 976-2004-AA/TC su fecha trece de marzo de dos mil tres, señaló que el contenido del derecho constitucional a una protección adecuada contra el despido arbitrario supone la indemnización o la reposición según corresponda a elección del trabajador.


Séptimo: Carga de la prueba de la causal de despido

En el caso que nos ocupa, corresponde a las partes probar sus afirmaciones, en el caso de la demandada al tener la calidad de ex empleadora, deberá demostrar la causa del despido ello de conformidad con lo previsto en el numeral 3) del artículo 27° de la Ley N° 26636, Ley Procesal del Trabajo, bajo ese contexto, la prueba fundamental presentada por la demandada para acreditar la falta grave en que habría incurrido la demandante y que generó su posterior despido, son los documentos, que contienen los descansos médicos de la actora.

Octavo: En relación a los hechos atribuidos como falta grave por el supuesto abandono de trabajo, se ha podido advertir:

i) En el documento de fecha trece de mayo de dos mil once, que corre en fojas noventa y seis, doña Julia Nestares Terán – junior de recursos humanos de la empresa demandada, dejó expresa constancia que recepcionó los siguientes documentos otorgados por la demandante: a) constancia de atención del día seis de abril de dos mil once emitido por el Dr. Iván Jibaja otorgando quince días de descanso médico desde el seis de abril al veinte de abril de dos mil once, y b) constancia de atención del día trece de mayo de dos mil once emitido por el Dr. Mario Peña otorgando ocho días de descanso médico desde el nueve de mayo al dieciséis de mayo de dos mil once. Asimismo, del citado documento se aprecia que Julia Nestares Terán, precisa que: «(…) la Srta. Córdova no ha hecho uso efectivo de los descansos antes mencionados debido a las indicaciones del Sr. Jaime Saldaña debido a los compromisos laborales (…). El descanso medico iniciaría el día veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once por veintitrés días calendarios».


ii) En el documento de fecha diecisiete de mayo de dos mil once, que corre en fojas noventa y ocho, doña Julia Nestares Terán – Junior de recursos humanos, dejó expresa constancia que recepcionó la constancia de atención de la demandante del día diecisiete de mayo de dos mil once emitido por el Dr. Iván Jibaja, quien le otorgó quince días de descanso médico desde el diecisiete de mayo al treinta y uno de mayo de dos mil once.

Noveno: Al respecto, la demandada ha señalado en su recurso de casación que el Colegiado Superior ha interpretado equivocadamente que el descanso médico adicional otorgado por los días diecisiete al treinta y uno de mayo de dos mil once era una prolongación del descanso médico otorgado desde el veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once, por lo que la actora ha asumido indebidamente que desde el quince de junio de dos mil once tenía justificación para ausentarse por incapacidad física, toda vez que no hubo expreso acuerdo entre las partes de prolongar un descanso médico vencido al treinta y uno de mayo de dos mil once, por tanto, no podía tener efectos posteriores al catorce de junio de dos mil once.


Décimo: En el caso concreto, este Supremo Tribunal considera que no resulta viable que la empresa demandada haya postergado las licencias médicas otorgadas a la trabajadora, toda vez que se estaría afectando la salud e integridad de la actora, y que si bien las partes acordaron postergar los descansos médicos otorgados para los días seis al veinte de abril de dos mil once y los días nueve al dieciséis de mayo de dos mil once para hacerse efectivo el día veintitrés de mayo al catorce de junio de dos mil once, conforme consta en los documentos, que corren en fojas noventa y seis a noventa y nueve; también lo es que debido a la postergación de losdescansos médicos resulta lógico que la licencia médica otorgada a la actora para los días diecisiete al treinta y uno de mayo de dos mil once, deba hacerse efectivo a partir del quince al veinticuatro de junio de dos mil once, toda vez que no se puede restringir a la demandante su derecho a tomar los descansos médicos que por ley le corresponden; en ese sentido, se advierte que no se ha incurrido en el incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral ni se ha configurado el abandono de trabajo; en consecuencia, la causales denunciadas devienen en infundadas.


Por las consideraciones expuestas:

FALLO

Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la demandada, Estudio Lanoire Eyzaguirre y Asociados S.C.R.L., mediante escrito presentado con fecha seis de enero de dos mil dieciséis, que corre en fojas trescientos cincuenta y tres a trescientos cincuenta y seis; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fecha dos de noviembre de dos mil quince, que corre en fojas trescientos treinta y dos a trescientos cuarenta y ocho, y ORDENARON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial «El Peruano» conforme a ley; en el proceso ordinario laboral seguido por la demandante, Evelyn Elizabeth Córdova Carrillo, sobre pago de beneficios sociales e indemnización por despido arbitrario; interviniendo como ponente el señor juez supremo Arévalo Vela y los devolvieron.

S.S.
AREVALO VELA
YRIVARREN FALLAQUE
ARIAS LAZARTE
DE LA ROSA BEDRIÑANA
MALCA GUAYLUPO

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