domingo, 23 de noviembre de 2014

Derechos fundamentales de la persona Constitucion Politica del Peru

Artículo 1°.- Defensa de la persona humana

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.

- El artículo 1 de la Constitución peruana de 1993 constituye el eje principal sobre el cual gira la interpretación de las normas en todo su conjunto de este cuerpo legal, así como de todas aquellas otras que integran el ordenamiento jurídico del país. La defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad constituyen indudablemente la razón de ser del Derecho.

De esta manera podemos afirmar que artículo 1 de la Constitución, al enunciar que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, lo que nos indica y prescribe es que es deber de todos los que integramos la sociedad peruana, así como de los diversos órganos del Estado, de proteger de una manera preventiva, integral y unitaria a la persona. Esta protección comprende tanto su estructura física, psicológica y moral, así como sus demás libertades constitucionales.

De igual manera, el artículo 1 de la Constitución de 1993, al lado del respeto a la persona humana, también nos habla también el deber de la sociedad y del Estado de respetar la dignidad de la persona, es decir nos hace referencia al valor inherente al ser humano toda vez que este es un ser racional, dotado de libertad y poder creador, pues las personas pueden modelar y mejorar sus vidas mediante la toma de decisiones y el ejercicio de su libertad. Agregamos algo
importante al respecto, a fin de sustentar lo dicho y es que tendemos a afirmar que el ser humano posee dignidad por sí mismo, no viene dada por factores o individuos externos, se tiene desde el mismo instante de su fecundación o concepción y es inalienable.

Artículo 2°.- Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.

- La vida es el derecho primario, básico y natural que posee la persona. Por ello merece la protección de la sociedad y del Estado. El ser humano goza de este derecho, que le es inherente simplemente por ser tal, por el hecho de haber sido concebido.

Tratándose de un derecho subjetivo, el ordenamiento jurídico protege a la persona de cualquier amenaza, agresión o atentado que ponga en peligro su vida y castiga, en su caso, a los homicidas. Es por ello que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente, salvo en los casos excepcionales fijador por, como es el caso de la pena de muerte, contemplado en nuestra Constitución, en casos de traición a la patria.
Por otro lado debemos decir que la persona está obligada a mantener y cuidar de su vida pues es un ser destinado a convivir en sociedad, por lo que se debe a los demás que son los que contribuyen y permiten el cumplimiento de su destino personal, de su "proyecto de vida".

-En cuanto a la identidad podemos decir que cada persona tiene el derecho a su identidad, es decir, a exigir que se
respete su "verdad personal", que se le represente fielmente, que se le reconozca como "ella misma", que se le conozca y defina sin alteraciones o desfiguraciones. Referente a este derecho se encuentra el deber de los "otros" de reconocer a la persona "tal cual es". Ello significa que nadie puede desnaturalizar o deformar la identidad, atribuyendo a la persona calidades, atributos, defectos, conductas, rasgos psicológicos o de otra índole que no le son propios ni negar su patrimonio ideológico-cultural, sus comportamientos, sus pensamientos o actitudes.

- El derecho a la integridad psicosomática está destinado a proteger la unidad estructural en que consiste la persona, es decir, tanto su cuerpo en sentido estricto- como su psique. El ser humano requiere preservar dicha unidad psicosomática a fin de utilizarla, en óptimas condiciones, para cumplir con su doble misión existencial: su realización plena como persona, es decir, el cumplimiento de su "proyecto de vida", así como, en vista de que es ente coexistencial, prestar, a través de su trabajo, el servicio que debe a los demás miembros de la sociedad en la que discurre su existencia.

-En lo tocante a la integridad moral debe entenderse a la luz de la norma constitucional como al conjunto de principios o sentimientos que cada persona posee y vivencia, los mismos que responden a su propia escala de valores. Estos últimos orientan su vida, su accionar en el mundo, otorgándole un sentido. Un agravio a la "moral" personal significa un daño al ámbito emocional de la persona, es decir, a su
vertiente psíquica. En efecto, cualquier agravio al conjunto de principios y sentimientos que conforman la "moral" personal acarrea, como consecuencia, un daño psíquico que se configura como una perturbación de carácter emocional no patológica que, generalmente, tiende a disiparse con el transcurrir del tiempo.

-Algo importante de la norma es lo referente al concebido, y es que el derecho a la integridad psicosomática también protege a la persona desde la concepción o fecundación, es decir, desde la aparición de la vida, que es el momento de la fusión de los núcleos del óvulo y del espermatozoide (singamia) y el de la creación de un singular código genético. La protección del derecho bajo el comentario que estamos haciendo bajo comentario alcanza al genoma humano en el sentido de que no debe modificarse, salvo que tenga por finalidad prevenir, disminuir o eliminar enfermedades graves. Del mismo modo, se prohíben las manipulaciones genéticas, incluyendo la clonación, en cuanto atentan contra la integridad y la identidad del ser humano.
El concebido en consecuencia tendrá todos los derechos inherentes a su estado, siendo uno de ellos el derecho a la vida, tema que está estrechamente en conexión con el aborto ilegal, siendo el aborto terapéutico el único permitido legalmente por nuestro derecho civil.

-Finalmente, no debemos olvidar la noción de bienestar pues la norma reconoce el derecho de la persona a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la asistencia
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.

- La igualdad como derecho no solo implica el tema de la discriminación, sino básicamente la exaltación de uno de los principios más importantes relacionados a la dignidad humana, la atribución y disfrute igual de los derechos y libertades reconocidos por el ordenamiento. Así, en general, los ciudadanos somos sujetos de derecho en la misma proporción. Podemos concebir a la igualdad como un derecho fundamental destinado a obtener un trato paritario ante hechos, situaciones y relaciones equiparables; en otras palabras, hablamos de un derecho subjetivo a no sufrir discriminación, a no ser tratado de manera dispar respecto de quienes se encuentran en una situación equivalente.

-Según Raúl Chámame Orbe Igualdad ante la ley significa la protección que ésta brinda a la persona ante cualquier tipo de indiscriminación y le da un medio de defensa si este derecho se viola.

- En lo tocante a la discriminación nuestra Constitución considera las siguientes causas:

a) Aquellas inmanentes al ser humano, referidas a características en las que se encuentran las personas independientemente de su voluntad, que son los casos de las discriminaciones por
razón de origen, raza, sexo, idioma, condición económica, etc.

b) Aquellas que se refieren a posiciones asumidas voluntariamente por las personas que, al ser atributos o manifestaciones esenciales de su personalidad, no son reprochables, sino que incluso se encuentran previstas como derechos fundamentales; ejemplo de esto sería la discriminación por motivo de credo o religión, opinión, filiación política, opción sexual, etc.

Al respecto se debe decir que si bien es cierto, el tema de la discriminación está contemplado en la Constitución de nuestro país, la práctica de este mal hace que el Perú sea uno de los primeros que ostenta altos índices de discriminación a nivel latinoamericano.

Gracias a Dios, los derechos fundamentales de las personas han permitido eliminar posiciones retrógradas, intransigentes, en lo tocante a la religión, que tanto daño hicieron a las personas, en especial aquellas que no siguieron la ruta tradicionalista de la iglesia católica, pues contra viento y marea, y la fuerte oposición del clero, aquellos que por siglos han derramado sangre inocente, en las mazmorras de la santa inquisición, hoy en día han tenido que callar, muy a su pesar, ante el panorama mundial de democracia que reina en la mayoría de países del mundo.

Sin embargo, y me ratifico en mis palabras, la ley no logra aún sobreponerse al fuerte sentimiento discriminatorio arraigado fuertemente en el alma latinoamericana, problema que obstaculiza la formación de una auténtica identidad que tanta falta nos hace como peruanos, para el logro de un objetivo común,
el progreso y desarrollo de nuestro país.

3. A la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. El ejercicio público de todas las confesiones es libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público.

La Constitución Política del Perú tutela a la libertad de conciencia como el derecho que tenemos a tener las ideas y convicciones que más nos parezcan acerca de todos y cada uno de los asuntos de la vida. Nuestra constitución ampara el libre ejercicio del pensamiento. Esta libertad de conciencia es absoluta en el ámbito privado, no ha ser limitada bajo ninguna circunstancia.

Por otro lado, nuestra Constitución garantiza el ejercicio de cualquier religión que la persona desee seguir, de esa manera vemos en nuestro país una gran cantidad de denominaciones religiosas de diversa índole. Como puede desprenderse de la norma el estado no interviene en los asuntos religiosos, siempre y cuando los practicantes no desarrollen conductas que vulneren principios morales, además de atentatorios del orden público. Dentro de la libertad de creencia se incluye el derecho a erigir templos, impartir enseñanza religiosa, redactar escritos religiosos y publicar sus propias creencias. El ejercicio público de la propia fe y las ceremonias religiosas sólo se ha de restringir cuando así lo exijan causas de fuerza mayor de orden público o la protección de otras personas.

Como puede verse, La libertad de conciencia y religión constituye, en consecuencia, un
aspecto puramente personal e ilimitado, pues la decisión de la creencia o religión a seguir se encuentra en la esfera interna de cada uno.

Tomando en consideración estas apreciaciones, mediante el reconocimiento de este derecho se garantiza que nadie será obligado a actuar contra sus creencias o su religión, ni impedido de actuar conforme a ella, ya sea en privado o en público, solo o asociado con otros.

A fin de lograr la plena vigencia de la libertad de conciencia y de religión, nuestro Estado peruano ha optado por mantener una neutralidad en materia ideológica y religiosa, tratando en condiciones de igualdad a las diferentes comunidades espirituales, sin privilegios para ninguna de ellas en particular, y orientando su actividad a evitar la intolerancia entre distintas creencias o religiones.

Debo decir que existen algunas religiones en nuestro país que amparados en la libertad de conciencia se niegan negarse a cumplir ciertas obligaciones que interpretan como vulneran tés de sus principio religiosos, como por ejemplo, cumplir con el servicio militar obligatorio, saludar a la Bandera, cantar nuestro Himno Patrio. En otras palabras, esta objeción consiste en la resistencia a obedecer un imperativo jurídico, basada en la existencia de un dictamen de la conciencia que le impide realizar a una persona un comportamiento determinado, sin embargo, aun así nuestro estado es tolerante, en cumplimiento de la norma constitucional, porque caso contrario se estaría atentando contra un principio universal, plasmado no solo en nuestra Carta Magna sino en
las normas constitucionales de todo el mundo.

En lo referente a la opinión, nuestra Constitución indica que no hay delito de opinión, es decir que por las opiniones que pueda verter sobre tal o cual asunto no puedo ser procesado penalmente, siempre y cuanto no sean injuriante contra persona.

4. A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento algunos, bajo las responsabilidades de ley.
Los delitos cometidos por medio del libro, la prensa y demás medios de comunicación social se tipifican en el Código Penal y se juzgan en el fuero común.
Es delito toda acción que suspende o clausura algún órgano de expresión o le impide circular libremente. Los derechos de informar y opinar comprenden los de fundar medios de comunicación.

La libertad de expresión es el derecho a manifestar y comunicar sin trabas el propio pensamiento. Así, consiste en la exteriorización de la libertad de pensamiento a través de las más variadas formas de comunicación, sea oral, escrita, a través de símbolos por radio, televisión o cualquier otra modalidad108. Raúl Chanamé Orbe dice que la libertad de expresión es uno de los pilares de cualquier democracia, más importantes.

Por otra parte, se afirma que la libertad de información comprende los derechos, a comunicar libremente información veraz por cualquier medio de comunicación; derecho que a su vez comprende el de buscar y obtener información (aspecto
activo) y a recibir información en iguales condiciones (aspecto pasivo). Como puede apreciarse, existe una estrecha vinculación entre la libertad de expresión y la libertad de información. De ahí que se sostenga que ambos derechos son manifestaciones de un derecho general a la libre comunicación.

Mientras que la libertad de expresión garantiza que las personas (individual o colectivamente consideradas) puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones, la libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de libertades, que , comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole verazmente. Esto último es importante por las implicancias que ello significa.

La libertad de expresión ha sido reconocida por diversos documentos internacionales sobre Derechos Humanos, de manera tal que cualquier intento de acallarla por medios represivos como los que utiliza ciertos gobiernos pseudo democráticos constituyen flagrantes delitos que merecen todo nuestro repudio y condena total. Como contraparte debemos decir que El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo sino fundamento de responsabilidad para quien lo haya cometido".

5. A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional.

El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del
Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

En efecto, de acuerdo al artículo 2 inciso 5) de la Constitución, toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Aquí se incluye también a las personas jurídicas privadas, las cuales, según ha señalado el TC en el Expediente Nº 905-2001-AA/TC, son también titulares de algunos derechos fundamentales, entre ellos, el derecho de acceso a la información pública.

Se considera como “entidad” o “entidades” de la Administración Pública a: El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos Descentralizados; el Poder Legislativo; el Poder Judicial; los Gobiernos Regionales; los Gobiernos Locales, en sus dos subniveles de gobierno, esto es, provinciales y distritales; los organismos constitucionales autónomos; entidades y organismos, proyectos y programas del Estado que desarrollan actividades en mérito a una potestad administrativa; y las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización del Estado. El TC ha precisado también que se puede exigir la entrega de información a los notarios y a los Colegios Profesionales.

La información que puede solicitarse es la que generen, produzcan, procesen o posean las entidades públicas, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que la administración pública tiene en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material. 

El derecho de acceso a la información pública admite límites a su ejercicio, habiéndose regulado en nuestra legislación el tipo de información que no puede entregarse. Así, de lo establecido en el artículo 2 inciso 5 del texto constitucional de 1993, se aprecia que se exceptúan del derecho de acceso a la información aquellas que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. Además, se señala que el secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del Juez, del Fiscal de la Nación o de una Comisión Investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.

Por ejemplo, yo no puedo pedir información sobre personas de un hospital que se hallan enfermos de SIDA, o información militar sobre estrategia de guerra.

Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier entidad de la Administración Pública, sin necesidad de expresar la causa, es decir, sin necesidad de señalar los motivos y finalidad del pedido de información.

Una vez presentada la solicitud, la autoridad tiene siete (07) días útiles para entregar la información. Excepcionalmente, puede prorrogarse a cinco (05) días útiles adicionales, siempre y cuando sea difícil encontrar la información requerida. En este supuesto, la autoridad está obligada a comunicar la ampliación antes del vencimiento del primer plazo. De no hacerlo se entiende que el pedido ha sido denegado. (Artículo 11º inciso b) del TUO de la Ley Nº 27806). 

Ahora ¿Qué pasa si la autoridad no quiere dar la información requerida? Si la autoridad obligada a entregar la información no lo hace en el plazo previsto legalmente, se generan responsabilidades de carácter administrativo y penal. El pago por concepto de la entrega de información (tales como derecho de trámite, derecho de búsqueda) y cualquier cobro adicional resulta ilegal.

En lo tocante al secreto bancario y la reserva tributaria, el conocimiento de la información económica de los particulares puede llegar a ser esencial para la buena marcha del mercado, para el proceso de fiscalización tributaria, indispensable en todo Estado, y para la lucha contra la delincuencia que suele ampararse en' figuras legales para ocultar sus fortunas mal habidas.

La necesidad de información patrimonial por parte del Estado debe conciliarse con el derecho a la privacidad y, en especial con el tema que nos ocupa: la privacidad económica.
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