domingo, 23 de noviembre de 2014

Derechos fundamentales de la persona Constitucion Politica del Peru (2da. parte)

6. A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

El derecho a la intimidad reconocido constitucionalmente ha establecido la prohibición de suministrar
información que afecte la intimidad personal y familiar por parte de los servicios informáticos, es decir plasma la inquietud del legislador respecto a los avances tecnológicos de los sistemas informáticos y su potencial mal uso, contrario al derecho de intimidad. Este derecho es violado cuando un aspecto de la vida personal o familiar del individuo es dado a conocer sin su consentimiento.

Nuestra Constitución Política del Perú de 1993 en su artículo 2 inciso 6 establece que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.

Sin embargo creo que debemos considerar con detenimiento un aspecto importante relacionado con esta norma y es lo relacionado con las redes sociales, fenómeno tan desarrollado hoy en día, y en los cuales están comprometidas la mayoría de personas del mundo. Pues bien, estas son plataformas de comunicación donde por regla general se ofrece parte de nuestra vida, sin menospreciar ningún tipo de esfuerzo al hacer esta acción. Nuestra intimidad que por lógica debería permanecer dentro de las cuatro paredes de la esfera privada es observada plácidamente por todos, abiertamente, a los cuatro vientos, con lo cual se abre una puerta al delito, pues este, que siempre tiene ojos muy grandes, aprovechará esa parte de la intimidad descubierta, ventilada imprudentemente, con fines nada honrosos y criminales. Este es un claro desacato a la norma que garantiza nuestra intimidad, pero con la anuencia del infractor que es el mismo que desvela lo que le pertenece íntimamente. 

7. Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas, o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.

El honor es la percepción que el propio sujeto tiene de su dignidad, por lo cual supone un grado de autoestima personal; es la valoración que la propia persona hace de sí misma, independientemente de la opinión de los demás. Mientras que la reputación o el derecho al buen nombre es el juicio que los demás guardan sobre nuestras cualidades morales, personales, profesionales o de cualquier otra índole.

La obligación del Estado de proteger el honor y la reputación de las personas se traduce en la debida sanción a quien comete el acto violatorio, pero también en la obligación de proporcionar medios eficaces para la defensa.

Ni en la doctrina, ni en nuestra legislación existe una idea precisa del derecho al honor; sin embargo, una marcada tendencia doctrinaria, que la resalta el jurista español Herrera Tejedor153, nos lleva a considerar al honor en sus dos facetas, objetiva y subjetiva, de tal suerte que interpretamos el inciso en comentario en el sentido de que la buena reputación forma parte del concepto de honor, en su aspecto objetivo

En cuanto a la voz y la imagen, como rasgos distintivos de la persona, se reconoce la facultad de todo
ser humano de disponer de su imagen y voz libremente, así como impedir su reproducción, empleo o exhibición sin su previo asentamiento. Si bien no se requiere de este asentamiento tratándose de personajes públicos sobre actividades de interés público o general, en el caso de particular este asentimiento es indispensable, aunque su honor no esté siendo vulnerado.

Por último, en cuanto a la intimidad, se trata del derecho de la persona de que su vida privada y familiar, incluyendo su situación patrimonial, no sea expuesta a la curiosidad y a la divulgación; es la facultad de toda persona para adoptar en la intimidad los comportamientos o las actitudes que mejor correspondan a sus orientaciones y preferencias, sin interferencias del Estado ni de ningún particular. 

Implica también el derecho a mantener en reserva o en secreto esta información, lejos del conocimiento de los demás.

En este sentido, se viola el derecho a la intimidad cuando se ingresa al domicilio de una persona sin su consentimiento, cuando se lleva a cabo una vigilancia por medios electrónicos, la intervención de las comunicaciones telefónicas, la grabación de conversaciones (salvo autorización judicial, debiendo en ese caso mantenerse en secreto la información sobre la vida privada de la persona), la interceptación de la correspondencia o el almacenamiento informático de datos no permitidos por ley.

Todo atentado contra el honor y la buena reputación de las personas que han sido propaladas por los medios masivos sin la debida sustentación de verdad o agraviantes deberá recibir de
parte de estos medios en el más breve plazo una rectificación inmediata, gratuita (no deberá costarle nada al afectado) y proporcional en la misma medida en que se produjo la agresión.

8. A la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión.

El inciso 8 del artículo 2 se refiere básicamente a dos derechos. Por un lado, al derecho a la creación, en todas sus formas y manifestaciones, a la propiedad sobre dichas creaciones y al producto de la explotación de las mismas. Por otro lado, el derecho de acceso a la cultura, su desarrollo y difusión.

La Constitución nos garantiza la protección legal sobre nuestras creaciones, es decir el derecho a ser reconocido como autor de nuestra creación. Así mismo, la protección económica, que consiste en el derecho del autor de recibir un beneficio patrimonial por el uso que hagan otros de nuestras capacidades, inventivas. Esto es identificable, por ejemplo, en el campo de la música, en nuestro país, existe el APDAYC que es la Asociación peruana de autores y compositores, la única sociedad autorizada, por el Estado Peruano, para recaudar y distribuir las regalías que el Decreto Legislativo N° 822, señala que le corresponden a los Autores y Compositores, si sus obras son utilizadas. La autorización para el funcionamiento de la APDAYC, así como su fiscalización es realizada por el INDECOPI, entidad del estado.

Hoy en día, los países en los cuales existe un mayor desarrollo económico-social son aquellos donde la promoción de la creatividad de sus habitantes es muy fuerte y ésta se encuentra ampliamente reconocida y desarrollada, tanto en la doctrina de estos países como durante la vida cotidiana de las personas. 

Esto se debe a que en un país, donde las personas se sienten seguras de que sus ideas no sólo se encuentran respaldadas por sus gobiernos sino, en los cuales, sus mismos compatriotas se muestran muy abiertos y ávidos por más nuevas e innovadoras ideas, los habitantes se pueden sentir libres y motivados a desarrollar de forma continua y constante, cada vez más ideas que puedan complacer con la fuerte demanda que éstas representan en el mercado actual, generando no sólo una fuente económica segura de ingresos sino una forma de progreso en la inteligencia humana.

Debemos decir que a pesar de que en la constitución peruana actual se encuentra estipulado este derecho fundamental; este todavía, no está tan desarrollado como debería estarlo y es por esto que, agregado con la informalidad existente en nuestro país, la producción de creaciones en cual fuera su forma es tan limitada. Además, a esto contribuye la popular creencia de las personas a que de dedicarte a la creación de nuevas ideas no tendrás forma de solventarte económicamente.

Es por esto, que es posible afirmar que una correcta protección e impulso de los valores intelectuales y creaciones en general, genera riqueza y aumenta el nivel de vida de las personas.

9. A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley.

Nuestra Constitución ha tutelado el derecho individual que tiene toda persona a la libertad de domicilio a través de la garantía de “inviolabilidad” y, en ese sentido, ha establecido que los terceros, sean particulares o agentes públicos, en principio, están prohibidos de penetrar el ámbito domiciliario donde habita una persona, salvo que medie el consentimiento de ésta, exista una autorización judicial, se haya configurado una situación de flagrancia delictiva o el peligro inminente de la perpetración de un hecho ilícito sea una realidad. Asimismo, la norma constitucional ha regulado dos supuestos de entrada legítima, como son las razones de sanidad o de grave riesgo.

- El ingreso al domicilio con el consentimiento del titular del derecho: este hecho constituye un supuesto de entrada legítima en términos constitucionales. - La autorización judicial que habilita al agente público para ingresar al domicilio: la Constitución es clara cuando establece como requisito sine qua non para el ingreso a un domicilio –a efectos de realizar actividades investigadoras– la existencia de un mandato judicial, el mismo que se entiende tiene que estar debidamente motivado y su procedencia debe obedecer a un acto jurisdiccional regular.

- Frente a la existencia del delito flagrante, el agente público queda
plenamente legitimado para ingresar al domicilio si es que su intervención se convierte en necesaria para impedir la consumación del ilícito penal, la fuga del delincuente o la desaparición de los instrumentos que facilitaron la concreción del acto delictivo.

- El peligro inminente de la perpetración de un delito: si es que se tiene el conocimiento fundado, la certeza clara y manifiesta de la comisión inminente de un delito, se configura otra excepción a la inviolabilidad de domicilio y en consecuencia el agente público puede operar libremente.

- Las razones de sanidad o grave riesgo: La Constitución ha dejado en manos del legislador la regulación de estas dos excepciones que legitiman la entrada a cualquier domicilio. Estos dos supuestos se fundan en el estado de necesidad o fuerza mayor.

Cabe, por último, recordar que la garantía de la inviolabilidad del domicilio puede verse suspendida frente a graves sucesos, una vez declarado el estado de emergencia o el estado de sitio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 de la Constitución.

Finalmente es bueno agregar que el reconocimiento a la inviolabilidad del domicilio, en los tratados internacionales se verifica así: Artículo 11º de la Declaración Universal de Derechos Humanos: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". Artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos
Humanos: “Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación“. Y Artículo 17.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: "(...) Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación".

10. Al secreto y a la inviolabilidad de sus comunicaciones y documentos privados.

Las comunicaciones, telecomunicaciones o sus instrumentos sólo pueden ser abiertos, incautados, interceptados o intervenidos por mandamiento motivado del Juez, con las garantías previstas en la ley. Se guarda secreto de los asuntos ajenos al hecho que motiva su examen.
Los documentos privados obtenidos con violación de este precepto no tienen efecto legal. Los libros, comprobantes y documentos contables y administrativos están sujetos a inspección o fiscalización de la autoridad competente, de conformidad con la ley. Las acciones que al respecto se tomen no pueden incluir su sustracción o incautación, salvo por orden judicial.

Necesariamente debemos partir de una noción del derecho a la intimidad, pese a las graves dificultades que existen para tener una noción que comprenda los distintos aspectos que alcanza a proteger este derecho. La definición del derecho a la intimidad, cuando surgió allá por el año 1890 en los Estados Unidos de Norteamérica, giró en torno a la protección de la esfera de la existencia que la persona reserva para sí, libre de intromisiones, tanto de particulares como del Estado, así como el control de la información respecto de dicha faceta. 

Sin embargo, a la actualidad se ha ido afirmando en términos positivos la protección de la libertad de la persona, especialmente por el vertiginoso desarrollo de la informática y el peligro que ello puede implicar para el ser humano, de tal forma que se agrega un elemento conceptual importantísimo, que es la autonomía, entendiéndola como la posibilidad de que  el ser humano tome las decisiones más importantes de su existencia, libre de intromisiones y manipulaciones.

El derecho a la intimidad se proyecta a las comunicaciones en general de las personas, porque a través de ellas puede estar revelándose aspectos concernientes a aquel espacio que la persona reserva para sí, y no existe razón alguna que justifique la curiosidad de los demás. Por ello es que no solo la Constitución Política del Estado, sino el Código Civil Y el Código Penal regulan y protegen la intimidad a través de las diversas comunicaciones, como la correspondencia epistolar, diarios, memorias, las grabaciones de la voz, así como las comunicaciones cablegráficas, telegráficas, telefónicas, vía fax, correo electrónico, etc., las que deben estar ajenas a toda intromisión y captura de las mismas y, con mayor razón, a su divulgación.

En otras palabras, la ley señala que nuestras comunicaciones, telecomunicaciones, etc., se encuentran protegidas por el derecho a la privacidad e intimidad manteniéndolas en secreto por lo que prohíbe su
vigilancia e interceptación, que sólo procede si hay de por medio un previo mandato justificado del juez.

La ley menciona el derecho al secreto y agrega la nulidad de las comunicaciones (pruebas) obtenidas sin que el juez haya decidido su interceptación, tal vez como una medida para garantizar el pleno funcionamiento del secreto. Sin embargo, con la internet y celulares que son fáciles de monitoreare, cosa común y frecuente hoy en día, es muy difícil que nuestras comunicaciones estén a buen resguardo, por lo que el secreto, lejos de estar garantizado se encuentra vulnerado.

11. A elegir su lugar de residencia, a transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería.

El derecho a elegir el lugar de residencia, consiste en escoger la ubicación de nuestro hogar y el espacio donde desarrollaremos nuestras actividades diarias.

Por otro lado, este derecho es también conocido como libertad de desplazamiento o locomoción y reconoce la facultad de las personas para trasladarse por donde quieran y asentarse donde les plazca. En otras palabras, es el atributo que permite a todo individuo entrar al territorio del Estado, permanecer en este, fijar su domicilio y cambiarlo, movilizarse de un lugar a otro y salir del país sin mayores restricciones, salvo las que respondan a razones de sanidad, mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería

La libertad de tránsito y residencia debe considerarse como una proyección de la
libertad física. Sin duda, de muy poco serviría la libertad física si no se encontrara acompañada de las libertades de movilizarse y salir e ingresar del territorio nacional.

La libertad de locomoción no es un atributo exclusivo de los ciudadanos peruanos, también alcanza a los extranjeros. El artículo 22 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que "toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y residir en él con sujeción a las disposiciones legales", y, por su parte, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos afirma que "quien se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia".

La Constitución contempla en forma expresa la posibilidad de limitar el derecho de locomoción por razones de sanidad, mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. Finalmente, cabe restringir el ejercicio del derecho de circulación bajo los regímenes de excepción. Si bien este derecho puede comprometer el orden público, en todo caso, las limitaciones que se establezcan deberán ser proporcionales y guardar relación exclusiva, directa y específica con las causas que han determinado la declaratoria del estado de emergencia o de sitio.

12. A reunirse pacíficamente sin armas. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas.

El ser humano desde que nace es un ser social, toda su existencia la comparte con los elementos de su familia, comunidad, país, debido a su propia naturaleza, que le da ese carácter sociable y donde la convivencia es vital para sobrevivir. Una de las manifestaciones de esta conducta sociable del ser humano está dada por el acto de reunirse, por diferentes motivos e intereses.

No debemos olvidar que el derecho de reunión tiene su origen en la libertad individual. Si cada uno tiene la libertad de ir donde le plazca y de expresar sus ideas en público privado, la misma razón le asiste para buscar otros hombres con la finalidad de enseñar o aprender, propagar idas o compartidas, peticionar ante las autoridades, orientar la opinión pública, acciones en común o protestar pacíficamente.

Al hablar de derecho de reunión nos estamos refiriendo a la actitud que ostenta un gobierno democrático frente a este derecho fundamental, pues por lo visto a través de la historia de los pueblos, este derecho tiende a ser vulnerado por los gobiernos dictatoriales, como sucedió durante los nefastos años 1968 y 1978, en que nuestro país fue gobernado por gobiernos de facto (Juan Velazco Alvarado y Francisco Morales C.) y muchos entre políticos, empresarios, y gente del pueblo, fueron acallados y expulsados del país por sus expresar ideas, violando derechos tan necesarios, entre ellos el de reunión.

El derecho de reunión es uno de los derechos fundamentales de la persona humana, se encuentra reconocido en el ámbito internacional y nacional. Así, el derecho de reunión se encuentra reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 20), la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 27), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 21) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 15).

Todos tenemos derecho a reunirse, pero en forma pacífica. Lo pacífico es lo opuesto a la violencia. No hay derecho a reunirse para fines violentos. La razón de esta prohibición es que la seguridad y el orden público pueden verse amenazados por reuniones con armas. Ya que las reuniones con armas dejan de ser pacíficas. De esta manera, lo que se quiere asegurar con la norma constitucional son las reuniones pacíficas y sin amenazas al orden público o a la seguridad ciudadana.

Este artículo establece que: "Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo". Esto quiere decir que las reuniones en locales privados, que como su nombre lo dice pertenecen a personas particulares naturales o jurídicas, pueden darse sin tener que avisar a la autoridad competente de esta acción, por ejemplo, reuniones que se dan en las salas de las casas, en los ambientes de centro de trabajo, etc. En el caso de los locales abiertos al público que pertenecen a una persona natural o jurídica pueden desarrollarse actividades a las que el público, o un sector de él, puede concurrir o asistir, siempre con fines pacíficos. Este tipo de reuniones stá amparada por la inviolabilidad del domicilio
y la libertad de expresión.

En cuanto, a las reuniones que se convocan en plazas o vías públicas, que exigen anuncio anticipado a la autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad públicas, debemos decir que es necesario dar aviso anticipado a la autoridad pertinente.

A manera de conclusión se debe decir que las restricciones legítimas al derecho de reunión deberán estar previamente establecidas en la ley, debiendo ser compatibles con la democracia. Que el derecho de reunión no debe tener como motivo más que la búsqueda del interés común de los reunidos, y debe ser ejercicio de manera pacífica y sin armas.
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