domingo, 23 de noviembre de 2014

Derechos fundamentales de la persona Constitucion Politica del Peru (4ta. parte)

22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

En el Perú, qué duda cabe, hemos sufrido el flagelo de la violencia terrorista, y los sectores de nuestra población más pobre y vulnerable también sufrieron las consecuencias de la violencia estatal que luchaba, paradójicamente, para protegerlos del terrorismo.

Los años de angustia, que fueron testigos trágicos de un Perú sangrante, víctima del nefasto terrorismo, han quedado atrás, sin embargo, esa paz anhelada aún no es encontrada por ningún lado, un nuevo flagelo mucho más temerario se halla asentado como un cáncer que peligra destrozar nuestra sociedad haciendo que la situación sea cada día más insostenible, me refiero a la inseguridad ciudadana, que tanto crímenes ya ha producido, trayendo miedo, terror, intranquilidad, imposibilidad al disfrute total de nuestro tiempo de ocio; no concibiéndose así un futuro alentador, mientras no se tomen medidas agresivas, verdaderamente frontales, que arrasen y asolen esta lacra que tanto daño viene produciendo a nuestro país.

Sin embargo, también el mundo contemporáneo nos trae obstáculos para llevar una vida tranquila. Basta citar algunos ejemplos, la falta de trabajo, de protección ante el despido, bajos salarios, la falta de seguridad social y un sin número de problemas que padecemos los habitantes del mundo subdesarrollado, determinan que nuestro futuro sea incierto, impidiendo así una existencia tranquila. Del mismo modo, tenemos el ruido, el caos vehicular, la contaminación ambiental y otros males de nuestra época contribuyen a que vivamos en constante intranquilidad.

El artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Todo lo antes está contemplado en nuestra normatividad peruana con arreglo a la constitución del Perú.

Sin embargo, la norma constitucional va más allá del tema arriba comentado, en lo referente a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. El reconocimiento constitucional de este derecho encuentra su justificación en la propia dignidad de la persona, sin embargo, pese a este reconocimiento, hoy en día al parecer esto no es suficiente para su protección eficaz.
Todos de alguna manera conocemos que somos titulares de este derecho fundamental, pero, muy pocos comprenden su verdadera dimensión.

Este derecho, consideramos, se compone de dos elementos, por un lado, otorga a sus titulares el derecho a gozar del ambiente adecuado para el desarrollo de su vida, y de otro lado, implica que ese ambiente se preserve.

1) El derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y en el caso que el hombre intervenga, no deba de suponer una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad. De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho quedaría, así, carente de contenido.

2) El derecho en análisis se concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho de preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones ineludibles para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. 

A juicio de este Tribunal Constitucional, tal obligación alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio ambiente, tal es el caso de la minería informal que viene desarrollando en el departamento de Madre de Dios.

23. A la legítima defensa.

Entendemos por legítima defensa a la acción justificada que ejerce un individuo consistente en el empleo de la fuerza material para repeler una agresión ilegítima contra nuestra integridad física o contra cualquier derecho que nos asista. Su desarrollo está comprendida dentro del derecho penal, que al respecto norma de la siguiente manera:

Art 20 C.P.P.
Está exento de responsabilidad penal: (...)

3. El que obra en defensa de bienes jurídicos propios o de terceros, siempre que concurran las circunstancias siguientes:

a) Agresión ilegítima;

b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla. Se excluye para la valoración de este requisito el criterio de proporcionalidad de medios, considerándose en su lugar, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor y los medios de que se disponga para la defensa; c) Falta de provocación suficiente de quien hace la defensa.

El derecho a la legítima defensa lleva implícito un precepto permisivo que interfiere en las normas de carácter general, dando lugar -en el caso más habitual- a que una conducta prohibida, que menoscaba un interés tutelado por el Derecho, no sea desaprobada por el ordenamiento jurídico y, en consecuencia, resulte lícita por exclusión de su antijuricidad.

En consecuencia, a la luz de la normatividad, ¿Cuál vendría a ser la finalidad de la legítima defensa? Pues debe ser el impedir o repeler la agresión ilegítima El agredido puede, en tal virtud, solo evitar o detener el ataque o defenderse ofensivamente contraatacando al agresor. Sin embargo, aquí hay algo interesante y es que afirmada la ilegitimidad de la agresión, jurídicamente no le es exigible al ofendido soportar el ataque. De esta manera, si puede elegir entre huir y defenderse, está facultado a optar legítimamente por esto último. No obstante, la defensa que ejerza contra el agresor debe ser el medio menos perjudicial posible, entre las diversas posibilidades de las que eventualmente pudo disponer; lo cual no implica agotarlas si es que hacerlo arriesga la propia posibilidad eficaz de defensa.

En cuanto a la proporcionalidad de medios, es decir que los elementos utilizados para la comisión de la agresión y defensa, tengan semejanza aproximada, en cuanto a su potencia de ataque, fue abandonada su aplicación ya hace varios años, específicamente en el año 2003, fecha en que se hace la modificación al inc. 3, art. 20, del Código Penal Peruano, dando lugar a un nuevo concepto jurídico, la necesidad racional.

En armonía con ello, el Código Penal alude a un criterio base para enjuiciar la satisfacción del requisito de la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión: Que la racionalidad de medios no significa proporcionalidad de medios, sino que esta debe evaluarse conforme a las circunstancias del caso concreto, a la intensidad y peligrosidad de la agresión, a la forma de proceder del agresor y a los medios de los que disponía el agredido para su defensa.

Para ejemplificar podemos citar un caso suscitado hace poco en nuestras
crónicas policiales y que ha tenido mucha resonancia en la sociedad peruana. Es el caso de Gastón Gabriel Mansilla Yupanqui (21), quien le disparó a un ranqueado delincuente que intentó robarle un celular amedrentándolo con un cuchillo. Frente a tal hecho, amparado en una ley derogada hace 9 años, el Poder Judicial detuvo a este joven universitario, ordenando encarcelarlo, aduciendo que mató al hampón en mención, gracias a la desproporcionalidad de medios (utilizó un revolver para eliminar al delincuente).

Según el juez, no hubo "proporcionalidad" en el ataque, pues los dos asaltantes que interceptaron a Gastón en el cruce de las avenidas Tacna y Colmena portaban un cuchillo y el joven un revólver. Pero esta figura legal fue eliminada del Código Penal en el 2003 y ahora se aplica el criterio de racionalidad (o reacción para repeler o impedir el ataque), por lo que la detención dispuesta por el juez fue de manera errada y arbitraria. De acuerdo al inciso corregido debió usar el criterio de racionalidad. Es decir, considerar las circunstancias, la peligrosidad y sobre todo el objeto de defensa al alcance de la víctima: en este caso el revólver". En este caso la defensa de Mansilla solicitó la anulación del mandato judicial e incluso presentar una queja contra el juez ante la Ocma, lo que me parece de lo más acertado.

Como corolario de lo dicho nos afirmamos diciendo que si ante un peligro de lesión muy intenso y grave de la integridad física o del patrimonio, al agredido no le queda más recurso que disparar de muerte al agresor, la conducta puede aún
permanecer en el ámbito de lo justificable (no antijurídico).

Finalmente, La acción defensiva debe necesariamente responder a una voluntad de defensa, pues solo así desaparece el disvalor de la acción, (ósea el carácter negativo de la defensa). La voluntad de defensa puede concurrir con otros motivos como el odio, la indignación o la venganza.

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: La libertad es la facultad de hacer, o dejar de hacer aquello que el orden jurídico permita; es decir, es la prerrogativa que tiene la persona de realizar, sin obstáculos, sus actividades en el mundo de las relaciones.

La libertad personal es un derecho esencial, que tiene como fundamento los atributos de la persona humana y por lo tanto, objeto de protección del estado, sin embargo, en ciertas circunstancias no es absoluta, siendo susceptible de restricciones, las cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y Constitución, quienes prevén los casos o situaciones en que esto se produzca, en contraposición a intereses sociales más importantes.

a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.

La libertad discurre entre lo que la ley manda -y por lo tanto, obliga a hacer- y lo que prohíbe -y por lo tanto, obliga a no hacer.

En principio, la única limitación para el ejercicio de este derecho es el no transgredir ni violar el derecho de las demás personas, parámetro asumido por la ley sobre la base del principio de reserva de ley y al principio de legalidad, lo que
nos lleva a establecer que la ley es la única que precisa lo que la persona está obligada a hacer, o en todo caso a no hacer. La libertad está supeditada al principio de legalidad, que se presenta como un parámetro para su ejercicio.

Consideramos que si bien la libertad está sujeta al principio de legalidad, en el caso de que la ley no estableciera un límite, la Constitución no ampara el ejercicio u omisión abusiva de un derecho con la intención de perjudicar a otra. Por lo tanto, nuestra Carta Magna no solo reconoce el principio de legalidad como fundamental de la libertad, sino también la protección de la persona contra los que atenten contra ella, aunque esta última no esté referida o limitada, por lo que el artículo 1 de la Constitución cobra una gran importancia toda vez que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo que persigue el Estado Peruano.

b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en cualquiera de sus formas.

En este artículo, la Constitución hace referencia a la prohibición de restringir la libertad personal de los peruanos, que vendría a ser el concepto general, abarcando de esta manera todas las libertades que posee el sujeto, es decir, libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de información, de opinión, de expresión, de difusión del pensamiento, derecho a la libertad de creación intelectual, artística, técnica, científica, y desde luego a la
libertad de locomoción.

Por otro lado, En el Perú, el tema de la libertad personal fue tratado en relación con el problema de la esclavitud. Es abordado en la Constitución de 1823, señalando que nadie nacía esclavo y aboliéndose toda forma de comercio de negros. Marcial Rubio señala de manera precisa cada acápite de las constituciones pasadas que hacen referencia al tema, concluyendo que la esclavitud es el tema más desarrollado por los autores. No es sino hasta la Constitución de 1920 que se hace referencia, en el artículo 22, a la libertad individual mediante la siguiente fórmula: "La ley no reconoce pacto ni imposición alguna que prive de la libertad individual". Ya de más reciente data, la Constitución de 1979 ofrece un tratamiento similar a la actual Constitución.

Si bien es cierto, la esclavitud en el Perú ya hace mucho que fue abolido, desgraciadamente en el siglo XXI, la trata de personas, la esclavitud y sus prácticas análogas, muchas veces con la anuencia de las autoridades, siguen vigentes, a escondidas, sacándole la vuelta a la ley, por lo cual la aplicación real de esta norma constitucional es de una acuciante actualidad.

La trata de personas es una actividad comercial ilícita, que consiste en la intermediación de personas, especialmente mujeres y niños, con un fin lucrativo. Es una forma de colocación en la que se dispone de personas para ciertas actividades nada lícitas. Ciudades de Pucallpa, Iquitos, Tarapoto, entre otras, son tan solo algunos lugares donde el tráfico de niños, niñas y mujeres de condición humilde y
necesitada, tiene raíces muy profundas, lugares donde el comercio carnal, incluso con la participación de menores de edad, es hartamente conocido, por propio y extraños, sin que la ley se imponga, debido a intereses de por medio, gratificantes económicamente para los elementos permisivos de esta actividad nauseabunda. Otros aspectos de trata de personas incluye a personas para trabajos serviles, con paupérrimos salarios, e incluso para explotarlas a cambio de un poco de comida. Felizmente, algunas medidas legales, de reciente data, como la normativa a favor de las empleadas de hogar constituyen armas poderosas para combatir este problema social, pero que requiere necesariamente el concurso honesto, sincero y firme de nuestras autoridades.

El año 2004, Perú fue incluido por primera vez en el Informe de Washington sobre la Trata de Personas, y clasificado con la categoría dos, un indicativo que ha permitido reconocer el problema y por lo que consecuentemente se están tomando medidas para combatirlo.

c. No hay prisión por deudas. Este principio no limita el mandato judicial por incumplimiento de deberes alimentarios.

Cuando la Constitución hace referencia a “la prisión por deudas”, específicamente, está estableciendo que las deudas pecuniarias (de cualquier tipo) no pueden ser consideradas como ilícitos penales, siendo, aparentemente, la única excepción las deudas alimentarias

Así, en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece “nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación
contractual”; en el artículo 7.7 de la Convención Americana de Derechos Humanos se señala “Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios”. el Expediente Nº 1428-2002-HC/TC ha manifestado que “cuando el citado artículo prohíbe la prisión por deudas, con ello se garantiza que las personas no sufran restricción de su libertad locomotora por el incumplimiento de obligaciones, cuyo origen se encuentra en relaciones de orden civil. La única excepción a dicha regla se da, como la propia disposición constitucional lo señala, en el caso de incumplimiento de deberes alimentarios”.

Para nuestro Código Civil en su artículo 472 modificado por el artículo 101 del Código de los Niños y Adolescente se entiende por “Alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, y capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño y Adolescente .También se considera alimentos los gastos de embarazo de la madre desde la concepción hasta la etapa del post-parto”. Entonces alimentos es todo lo necesario para atender la subsistencia es decir aquello que es indispensable para lograr el desarrollo integral del niño y/ o adolescente.

Desde el inicio de las Naciones Unidas han establecido el acceso a una alimentación adecuada como un derecho individual y responsabilidad colectiva. La declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 proclamó “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, y el bienestar y en especial la Alimentación.

Nuestra Constitución Política del Estado señala en su Artículo 6o que es deber y derecho de los padres alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos, asimismo que todos los hijos tienen iguales deberes y derechos.

Con este artículo de la Constitución Política del Estado podemos apreciar que la obligación alimentaria de los padres, es de primer orden, para con sus hijos, por lo cual no se puede poner en peligro la subsistencia de un menor ante una duda, ya que los alimentos es un derecho indisponible para el menor.

Según el artículo 474 del Código Civil, se deben alimentos los cónyuges, los ascendientes y descendientes y los hermanos. En cuanto a los obligados a prestarlos es distinto el orden según el beneficiario sea mayor o menor de edad, si es mayor de edad según el artículo 475o están obligados los cónyuges, los descendientes, los ascendientes y los hermanos. En cambio, el artículo 93o del Código de los Niños y Adolescentes determina que deben ser llamados en primer lugar los padres, y a falta de estos los hermanos mayores de edad, los abuelos, los parientes colaterales hasta el tercer grado e incluso otros responsables del niño y del adolescente.

Finalmente, debemos decir el derecho de alimentos posee determinadas características reconocidas ampliamente por la doctrina y por la legislación, el artículo 487o del Código Civil establece que el derecho de pedir alimentos es intrasmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable, a ello debemos agregar que el derecho de pedir alimentos es personalísimo, imprescriptible, inembargable y recíproco.

d. Nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley, de manera expresa e inequívoca, como infracción punible; ni sancionado con pena no prevista en la ley.

Las leyes entran en vigencia desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, salvo que la ley indique otros plazos, lo cual se conoce como vacation legis. Una característica de la ley, en material penal, es que esta no tiene carácter retroactivo, es decir que sus efectos no rigen para el pasado, sino para el presente y el futuro.

Por lo tanto, a ninguna persona se le puede enjuiciar o condenar por un hecho que al momento de producirse no era considerado delito.

Se excluye la posibilidad de aplicación retroactiva de la ley penal (penas, características de los tipos de lo injusto, condiciones procesales y de ejecución penal, etc.) cuando son desfavorables al inculpado. Por el contrario, si son favorables, la Constitución ordena aplicarlas retroactivamente (retroactividad benigna).

“La ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo, en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales” (artículo 6, Código penal) (artículo 103, segundo párrafo, Constitución).

Por otro lado, El principio de legalidad limita el ejercicio de la función punitiva estatal exclusivamente a las acciones u omisiones previstas en la ley como infracciones punibles: nullum crimen, nulla poena sine lege.

Este es el principal límite de la violencia punitiva que el sistema penal del Estado ejercita, se trata de un límite típico de un Estado de Derecho. Esta violencia se realiza bajo el control de la ley, de manera que toda forma de violencia ilícita que provenga del sistema penal (torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, etc.) deberá ser considerada conductas prohibidas).

e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 

Consiste en el derecho de toda persona acusada de la comisión de un delito, a ser considerada como inocente en tanto no se establezca legalmente su culpabilidad, a través de una sentencia definitiva.
La presunción de inocencia se ha considerado como uno de los pilares del ordenamiento jurídico de todo estado democrático, al establecer la responsabilidad penal del individuo, únicamente cuando esté debidamente acreditada su culpabilidad. La razón de ser de la presunción de inocencia es la seguridad jurídica, la necesidad de garantizar a toda persona inocente que no será condenada sin que existan pruebas suficientes que destruyan tal presunción; esto es, que demuestren su culpabilidad y que justifiquen una sentencia condenatoria en su contra.

El artículo 2°.24. e) de la Constitución Política configura a la presunción o, mejor dicho, estado de inocencia, como un derecho fundamental. Esta norma crea en favor de las personas un verdadero derecho subjetivo a ser consideradas inocentes de cualquier delito que se les atribuya, mientras no se presente prueba bastante para destruir dicha presunción, aunque sea mínima. Por otro lado, Nuestra Constitución sitúa la presunción de inocencia dentro de los derechos fundamentales a la libertad -es un derecho subjetivo público- la cual puede limitarse o perderse por acción de los órganos penales.
Para que pueda aceptarse el principio de presunción de inocencia es necesario que de lo actuado en la instancia se aprecie un vacío o una notable insuficiencia probatoria, debido a la ausencia de pruebas, a que las practicadas hayan sido obtenidas ilegítimamente o que el razonamiento de inferencia sea ostensiblemente absurdo o arbitrario: debiendo decaer cuando existan pruebas bien directas o de cargo, bien simplemente indiciarias con suficiente fiabilidad inculpatoria.

En consecuencia, corresponde a la acusación, y no a la defensa la realización de la actividad probatoria del cargo necesaria para desvirtuar la presunción de inocencia. Por lo anterior, este principio se traduce en que el inculpado no está obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisión de un delito.

Nuestro país, en relación con el tema de la presunción de inocencia, ha suscrito, entre otros, los siguientes Tratados Internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del Juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia.
Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al Juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

En el artículo 2.24. e) de la Constitución se plasma el derecho que toda persona tiene a la libertad ambulatoria. Como todo derecho, su ejercicio encuentra sus límites ahí donde el interés común lo exige. Así, al derecho que todos tenemos a la libertad se opone la posibilidad de ser detenido únicamente en dos supuestos: por mandato judicial escrito y debidamente motivado; y en caso de delito flagrante por las autoridades policiales. Cualquier otra hipótesis, que no sea la privación de libertad como pena impuesta en una sentencia condenatoria, deviene en inconstitucional y, por ende, queda expedito el camino para interponer una demanda de hábeas corpus, de acuerdo a lo establecido en el artículo 25.7 del Código Procesal Constitucional.

El primer caso de detención que prevé la Constitución es la facultad que tiene el juez de ordenar la detención de una persona. Dicha facultad es inherente a su función y se encuentra detallada en el artículo 135 del Código Procesal Penal de 1991. La prisión preventiva (detención) responde a la necesidad de garantizar la actuación de los poderes públicos en la investigación y juzgamiento de los hechos que revisten relevancia penal. El Tribunal Constitucional ha señalado que por el hecho de tratarse de una medida que restringe la libertad locomotora, dictada cuando no existe sentencia condenatoria firme, al procesado le asiste el derecho a que se presuma su inocencia. De ahí que cualquier restricción de la libertad debe siempre considerarse la última ratio a la que el juzgador debe apelar, esto es, susceptible de dictarse solo en circunstancias verdaderamente excepcionales y no como regla general.

En lo que concierne a la detención policial, esta puede asumirse como la potestad concedida a la autoridad policial para poder aprehender y retener a las personas, esto es detenerlas temporalmente, en las circunstancias, condiciones y plazos, expresa y taxativamente predeterminados por la ley. Dentro de sus características podemos decir que Es una medida cautelar personal, restrictiva, extrema; Solo se puede dar en los supuestos debidamente establecidos por la Constitución y la Ley; Su plazo de duración está expresamente determinado por la ley y no puede ser excedido por la autoridad policial, bajo responsabilidad; Su finalidad no es represiva, sino facilitar la investigación preliminar del delito y asegurar la puesta a disposición y sujeción del presunto delincuente al proceso penal.

En cuanto al detenido, aparte de todos los derechos y garantías fundamentales que reconocen la Constitución y los instrumentos internacionales a la persona, nuestra Constitución Política establece
los siguientes derechos para el detenido:

ART. 139, 15: “El principio de que toda persona debe ser informada, inmediatamente y por escrito, de las causas o razones de su detención”.

ART. 139, 7: “La indemnización, en la forma que determine la ley, por los errores judiciales en los procesos penales y por las detenciones arbitrarias, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiere lugar”

El artículo bajo comentario de la Constitución establece que el detenido tiene que ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro de las veinticuatro horas de procedida la detención o, en su defecto, en el término de la distancia. Las excepciones vienen dadas cuando la detención se origina en la presunta comisión de delito de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas. La inclusión del término de la distancia como criterio a tener en cuenta para determinar el tiempo que corre desde que se detiene a una persona hasta que tiene que ser puesto a disposición del juzgado indica que no siempre existirá un juez competente ahí donde se produzca la detención.

En cuanto a Los delitos de terrorismo se encuentran regulados en el Decreto Ley N° 25475 (Ley de Terrorismo) y los delitos de tráfico ilícito de drogas en los artículos 296 y siguientes del Código Penal. En cuanto al delito de espionaje, en puridad de términos, existe uno solo, tipificado en el artículo 331 del Código Penal.

Las hipótesis de concurso ideal (artículo 48 CP) o concurso real (artículo 50 CP), e incluso el delito continuado (artículo 49 CP) podrán dar lugar a la detención del
investigado por no más de quince días siempre y cuando uno de los delitos en concurso sea de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas. Pero, además, habrá que exigirse que la investigación que realiza la PNP y por la que el sujeto permanece detenido, se origine en el delito de terrorismo, espionaje o tráfico ilícito de drogas, y no en el otro u otros delitos que entran en
concurso.

g. Nadie puede ser incomunicado sino en caso indispensable para el esclarecimiento de un delito, y en la forma y por el tiempo previstos por la ley. La autoridad está obligada bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida.

El derecho a no ser incomunicado es la medida más grave luego de decretada la detención preliminar.

La incomunicación, en esencia, supone un régimen de excepción de la detención judicial. Es una medida coercitiva de naturaleza personal, por la cual se impide a la persona detenida por mandato judicial se comunique, sea por escrito o verbalmente con terceras personas, cuando exista motivo fundado de entorpecimiento de la actividad investigadora del delito".

Constituye una medida excepcional, como ya se ha dicho, provisional, orientada a la necesidad de esclarecer adecuadamente la imputación. De acuerdo al principio de proporcionalidad se decretará tratándose de delitos graves, y siempre que sea necesario evitar que el detenido pueda comunicarse con el mundo exterior y perturbe la actividad probatoria.

En este artículo aparece las palabras siguientes: La autoridad está obligada
bajo responsabilidad a señalar, sin dilación y por escrito, el lugar donde se halla la persona detenida. Y este agregado que no lo tenía la constitución de 1979 constituye una exigencia positiva que encuentra explicación en los casos que lamentablemente hemos afrontado sobre los detenidos desaparecidos.

La incomunicación, según la Constitución, será regulada mediante ley. Este derecho se rige tomando en cuenta los siguientes considerandos legales:

a) Es una medida que dicta el juez instructor;
b) Solo se dicta cuando fuere indispensable para los fines investigatorios, lo que puede ocurrir después de prestada la instructiva;
c) Es una medida de carácter temporal, ya que no puede prolongarse por más de 15 días;
d) La incomunicación no impide las conferencias entre el inculpado y su defensor, en presencia del juez instructor, quien podrá denegadas si las juzga inconvenientes;
e) El juez debe dar cuenta de la medida dispuesta al Tribunal Correccional, expresando las razones que haya tenido para ordenada.

Como se advierte, hay un especial cuidado en rodear de mayores garantías al detenido incomunicado, lo cual es correcto si se tiene en cuenta que es la forma más agravada de la detención, y en la cual, lamentablemente, ocurren mayores afectaciones a los derechos fundamentales, como la desaparición de personas, considerado un crimen de lesa humanidad.

h. Nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona
agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad.

Toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. La integridad de la persona, por tanto, va más allá del bienestar físico, involucra igualmente su ámbito moral y psicológico. Este entendimiento amplio se puede notar también en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional cuando ha manifestado que los actos lesivos a la integridad personal incluyen la integridad física, sicológica y moral. De otro lado, así se recoge en la Convención Americana de Derechos Humanos al disponer que "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral" (artículo 5.1), norma internacional que hay que tomar en consideración según lo dispone la Décimo primera disposición final y transitoria de la Constitución. Por lo demás, este derecho a la integridad es considerado junto a derechos como la vida, la libertad o la seguridad, como uno de los derechos básicos de la persona.

Se puede afirmar que el derecho a la integridad personal comprende una pluralidad de derechos: "En primer término, el derecho a la integridad física, es decir, el derecho a no ser privado de ningún miembro u órgano corporal. En segundo lugar, el derecho a la salud física y mental, el derecho de la persona a no ser sometida a enfermedades que eliminen su salud. En tercer lugar, el derecho al bienestar corporal y psíquico, es decir,
el derecho de la persona a que no se le hagan padecer sensaciones de dolor o sufrimiento. Por último, el derecho a la propia apariencia personal, o sea, el derecho de la persona a no ser desfigurada en su imagen externa".

Muy relacionada con el derecho a la integridad personal está la prohibición de someter a una persona a tortura o tratos inhumanos o humillantes, y la prohibición de obtener declaraciones por vía de la violencia física o moral. Este derecho se encuentra recogido en la norma constitucional al disponerse que "[nadie debe ser víctima de violencia moral, psíquica o física, ni sometido a tortura o a tratos inhumanos o humillantes. Cualquiera puede pedir de inmediato el examen médico de la persona agraviada o de aquélla imposibilitada de recurrir por sí misma a la autoridad. Carecen de valor las declaraciones obtenidas por la violencia. Quien la emplea incurre en responsabilidad" (artículo 2.24.h CP). En la norma internacional vinculante para el Perú se dispone que "[nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" (artículo 5 DUDH); y que "Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano" (artículo 5.2 CADH).

Artículo 3°.- Derechos Constitucionales. Númerus Apertus La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en
los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.

En nuestro ordenamiento jurídico la condición de "derechos constitucionales" no se reduce a lo que la Constitución de 1993 expresamente así los reconoce -a lo largo de su primer Título, pero también en otros títulos y capítulos-, sino que comprende también a aquellos otros que si bien no se encuentran explícitamente enunciados, sin embargo, admiten la misma consideración de rango (y, por tanto, de instrumentos hábiles para su tutela), pues se deducen de una serie de principios supremos del ordenamiento constitucional peruano (Por ejemplo, dignidad de la persona humana, principios de soberanía del pueblo, Estado democrático de Derecho).

Este artículo está en concordancia con la cuarta disposición final y transitoria que señala: “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificada por el Perú”

Es importantísimo dejar por sentado, al decir que no todos los derechos humanos están contenidos en la Carta Magna, en consecuencia, esto no es motivo determinante para ser excluidos o minimizados, en ese sentido el artículo tercero es conocido como el artículo de los derechos innominados. Esta protección se fundamenta por el simple hecho de ser Derechos Humanos, y la Constitución los garantiza plenamente.
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