domingo, 23 de noviembre de 2014

La libertdad sindical colectiva

1. De organización.

1.1. Federación.

Así como los trabajadores pueden constituir y afiliarse a organizacionessindicales, formando su derecho parte de la libertad sindical individual, las organizaciones sindicales pueden hacer lo mismo respecto de otras de grado superior. De este modo, las organizaciones sindicales de primer grado pueden integrar las de segundo, y éstas las de tercero, ya sea en el ámbito nacional, ya sea en el internacional. A las primeras nuestro ordenamiento las denomina sindicatos, a las segundas federaciones y a las terceras confederaciones.

La base normativa internacional de este derecho se encuentra en el artículo 5 del Convenio 87 de la OIT. A las organizaciones sindicales de cualquier grado, el artículo 6 del mismo Convenio les reconoce los derechoscolectivos de disolución y autonomía interna, que vamos a tratar a continuación, así como los de constitución y afiliación, que ya hemos tratado.

Nuestra legislación del sector privado reconoce el derecho de federación, exigiendo la unión de no menos de dos sindicatos de la misma actividad o clase para formar una federación y la de no menos
de dos federaciones para formar una confederación (artículos 35 y 36 de la LRCT). En el sector público, se requiere de diez sindicatos para constituir una federación, y de cinco federaciones o dos federaciones y treinta sindicatos para formar una confederación (artículo 17 del Decreto Supremo 003-82-PCM, modificado por el artículo 1 del Decreto Supremo 099-89-PCM). El número de organizaciones sindicales necesarias para el ejercicio del derecho de federación en el sector público, fue considerado demasiado elevado por el CLS-OIT en el Caso 1138, antes de que fuera reducido por la norma modificatoria a cifras que siguen pareciendo excesivas.

La legislación del sector público prohíbe además la concurrencia de organizaciones sindicales de ese campo con las del sector privado para la formación de otras de grado superior. Este impedimento ha sido considerado por el CLS-OIT - en el mismo Caso antes referido - como contrario al Convenio 87 de la OIT.

1.2. Disolución.

El artículo 4 del Convenio 87 de la OIT prohíbe la suspensión o disolución de las organizaciones sindicales por vía administrativa. En consecuencia, ellas serían posibles únicamente por acuerdo de sus miembros o por vía judicial.

En nuestro ordenamiento referido al sector privado, la disolución puede producirse por fusión, absorción, acuerdo de la mayoría absoluta de losmiembros, cumplirse cualquiera de los eventos previstos en el estatuto para ese efecto y resolución en última instancia de la Corte Suprema (artículo 33 de la LRCT). Los cuatro primeros son supuestos de extinción voluntaria y el último de extinción judicial, razón por la cual no existe incompatibilidad con el Convenio 87 de la OIT.

La disolución judicial puede ser solicitada al Ministerio Público por cualquiera que tenga legítimo interés, para que aquél interponga la acción correspondiente ante el Poder Judicial. El trámite es el previsto en el Código Civil para la disolución de asociaciones (artículo 33 de la  LRCT y artículo 96 del Código Civil, modificado por el Código Procesal Civil). Debido a esta modificatoria, que ha adoptado el trámite del proceso abreviado, ya no podría llegarse hasta la Corte Suprema produciéndose por tanto una incompatibilidad con el citado precepto de la LRCT.

Producida la disolución judicial, se cancelará el registro sindical. Sin embargo, la LRCT permitía en algunos casos esta cancelación sin aquella previa disolución. Así ocurría en el supuesto de pérdida de
alguno de los requisitos exigidos para la constitución y subsistencia de las organizaciones sindicales. El CLS-OIT, en los Casos 1648 y 1650, estimó incompatible con el Convenio 87 de la OIT esta posible cancelación del registro por vía administrativa sin una anterior disolución judicial, considerándola equivalente a una disolución por vía administrativa. La Ley 27912 ha corregido este desajuste, modificando el artículo 20 de la LRCT de modo que la cancelación del registro sólo se
efectuará después de la disolución.

En el sector público también la disolución de unaorganización sindical procede por acuerdo de sus miembros, mandato de sus estatutos o resolución de la Corte Suprema, pero la disolución judicial puede iniciarse de oficio por el Registro o a petición de parte interesada, directamente ante la Corte Suprema (artículos 19 y 20 del Decreto Supremo 003-82-PCM). De este modo, el trámite se desencadena por un funcionario que no tiene la imparcialidad del Ministerio Público y carece de pluralidad de instancia, vulnerando doblemente el ordenamiento constitucional.

1.3. Autonomía interna: Reglamentación.

El artículo 3 del Convenio 87 de la OIT constituye el soporte de la autonomía interna, en sus tres manifestaciones básicas que son la reglamentación, la representación y la gestión, de las que nos
ocuparemos en este apartado y en los dos siguientes.

El derecho de reglamentación permite a las organizaciones sindicales redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, sin injerencia estatal.

Tanto en el sector privado como en el público, nuestra legislación contempla un contenido libre para los estatutos de las organizaciones sindicales, sin señalar siquiera las cuestiones de las que éstos deberían ocuparse, como lo hace el Código Civil respecto de los estatutos de las asociaciones civiles (artículo 82). En el caso del sector público, se prohíbe las declaraciones con cierto contenido político, económico o religioso, tema que abordaremos a propósito del derecho de gestión.

1.4. Autonomía interna: Representación.

La representación está consagrada en el Convenio 87 de la OIT, como el derecho de las organizaciones sindicales de elegir libremente a sus representantes, también sin intromisión estatal.

Nuestra legislación delsector privado contemplaba tres requisitos para integrar la junta directiva de un sindicato: ser mayor de edad, ser miembro activo del sindicato y tener una antigüedad no menor de un año al servicio de la empresa. Estas dos últimos requisitos fueron objetados por el CLS-OIT por considerar que se impedía - en un caso - a personas calificadas, como dirigentes a tiempo completo o jubilados, ocupar cargos sindicales; y - en el otro - la constitución de sindicatos en empresas que tengan menos de un año de antigüedad. El artículo 24 de la LRCT, modificado por la Ley 27912, ha eliminado dichos requisitos y los ha sustituido por el de ser trabajador de la empresa, que resulta similar al segundo de los requisitos anteriores y, por ello, no levanta el cuestionamiento del CLS-OIT.

En el sector público, el ordenamiento establece un plazo máximo de un año para el mandato de la junta directiva de los sindicatos, permitiendo sin embargo la reelección (artículo 8 del Decreto Supremo 026-82-JUS, sustituido por el artículo 1 del Decreto Supremo 063-90-PCM).

2. De actividad.

2.1. Autonomía interna: gestión.

La última de las manifestaciones de la autonomía interna, cual es el derecho de gestión, está más vinculada con los aspectos dinámicos que estáticos de la libertad sindical. Este derecho permite a las organizaciones sindicales organizar su administración y sus actividades y formular su programa de acción. En esta fórmula quedan comprendidas las principales expresiones de la actividad sindical, como la negociación colectiva y la huelga, lo que posee la mayor importancia, sobre todo en el caso de esta última, por cuanto carece de un convenio internacional del trabajo que lareconozca expresamente.

Una cuestión central que surge en este rubro es la de las actividades que  el ordenamiento les prohíbe realizar a las organizaciones sindicales.

Nuestra legislación señalaba tres materias vedadas a las organizaciones sindicales, que eran los asuntos políticos (con el añadido de partidarios en el sector privado), religiosos y económicos de índole lucrativa (artículo 11.a de la LRCT, para el sector privado; y artículo 4 del Decreto Supremo 003-82-PCM, para el sector público). El campo más controvertido de éstos es el político, puesto que la actividad sindical sobre todo la ejercida por organizaciones de segundo y tercer grado constantemente lo penetra. Debería, pues, entenderse, que la prohibición se refiere sólo a la instrumentalización de una organización sindical por un partido político o a la actuación de la primera en un terreno reservado para el segundo. Así lo ha señalado el CLS-OIT, en los Casos 1648 y 1650, al estimar incompatible con el Convenio 87 de la OIT la prohibición de toda actividad política. La Ley 27912 ha salvado esta objeción al precisar que lo prohibido a las organizaciones sindicales es el dedicarse institucionalmente de manera exclusiva a asuntos de política partidaria. Asimismo, ha suprimido la referencia a los asuntos religiosos y económicos.
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