1. EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN

El derecho de defensa comporta la exigencia de que ambas partes, acusadora y acusada o imputada, tengan la posibilidad efectiva de comparecer o acceder a la jurisdicción a fin de hacer valer sus respectivas pretensiones, mediante la introducción de los hechos que las fundamenten y su correspondiente practica de pruebas, así como cuando se le reconoce al acusado su derecho ser oído con carácter previo a la imposición de una pena o medida limitativa de derechos; en puridad, principio de contradicción consiste en la posibilidad real, por parte de la defensa, a la máxima refutación de la hipótesis acusatorias; se trata del libre juego del conflicto entre las partes del proceso, portadoras de puntos de vista contrastantes o de intereses opuestos. cabe recalcar que el efectivo ejercicio del derecho a la contradicción requiere de otro derecho que
funciona como su substrato[1]; el Derecho a la Igualdad Procesal, el cual se debe observar tanto en cuanto a las posibilidades procesales de alegaciones como en lo que importa a la actividad probatoria y a los recursos.

Por nuestra parte, consideramos que para llevar a cabo una audiencia (sea de Juicio oral o de Apelación,) revestida de todas las garantías procesales y constitucionales adscritas a este nuevo modelo procesal, necesariamente deben existir y estar presentes, mínimamente dos sujetos procesales – parte y contraparte – puesto que solo asi podria existir un debatir contradictorio en la que una acuse y la otra rebata esas imputaciones; caso contrario, si sólo concurriera una de ellas, podría suscitar cualquier cosa, menos un verdadero y real debate contradictorio, que se ajuste al sistema acusatorio – adeversarial y garantista; en otras palabras, estaremos retornando a las cuestionadas practicas inquisitoriales.

2. PRINCIPIO ACUSATORIO

Según refiere ALMAGRO NOSETE; este principio, “exige que se promueva y sostenga, por parte acusadora (sujeto diferenciado del órgano jurisdiccional) una pretensión punitiva para que pueda abrirse el debate contradictorio y, en su caso, pueda condenarse al reo”; ello evidencia la necesidad irrevocable de la existencia de dos sujetos procesales – Fiscal y acusado – en todo proceso penal, habida cuenta que los roles desplegados por cada sujeto, constituyen la esencia misma de este nuevo modelo procesal; es decir, sin acusador no hay acusado y si no existe acusado obviamente no existe acusador ni tampoco tendría razón de ser, en el caso concreto, la existencia del proceso.
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Miller Puma R.

Abogado Litigante, Docente Universitario de la Universidad San Agustin de Arequipa. Ex fiscal adjunto de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios

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