domingo, 23 de noviembre de 2014

Vulneracion del derecho de defensa CPP

El derecho de defensa con el nuevo codigo procesal penal

1. El Derecho de Defensa y la Constitución Política del Estado

Según lo estipula el artículo 139º.14 de nuestra Constitución Política, son principios y derechos de la función jurisdiccional: “El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso. Toda persona (…) Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por éste desde que es citada o detenida por cualquier autoridad”; Ergo, el reconocimiento de la dignidad humana como piedra angular del sistema jurídico – estatal, importa rodear al imputado de todas las garantías a fin de que pueda resistir la persecución fiscal del agente fiscal; y esto es así en la medida que el nuevo proceso penal adversarial supone iguales oportunidades de defensa y cuestionamientos recíprocos entre los intervinientes, máxime si con ello se pretende hacer prevalecer sus respectivas teorias y argumentos de defensa.

1.2. El Derecho de Defensa y el Código Procesal Penal

El artículo IX.1 del CPP, ampliando los contornos de la norma constitucional, establece que: “Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso, por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que
prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir, en plena igualdad, en la actividad probatoria; y, en las condiciones previstas por la Ley, a utilizar los medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo estado y grado del procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señala”.

Como se vera, el Código recoge una perspectiva amplia del derecho de defensa, pues todas las partes del proceso penal, sean imputados o no, tienen la garantía constitucional de defensa. Siendo eso sí necesario advertir que el Ministerio Público no posee un derecho a la defensa, sino un conjunto de facultades o armas para cumplir con su función persecutoria.

Tenemos así que el autor español Gimeno Sendra, entiende el derecho de defensa como la garantía fundamental que asiste a todo imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente a la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquel existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación, e impugnación necesarios para hacer prevalecer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente.

En efecto, el derecho de defensa ampara al imputado desde el momento de la primera presunción (Material) Policial o Administrativa de su participación en el evento criminal hasta la definitiva Resolución Jurídica del conflicto criminal. En este sentido, lo acompaña tanto en sede de
Investigación Preliminar Policial, como en los momentos que le corresponden al Ministerio Publico, el Juez Especializado en lo Penal y las Salas Penales (superior y suprema) que intervengan en el caso.

2.3. Apreciaciones sobre el Derecho de Defensa

En primer lugar, debemos poner en relieve la conveniente y expresa regulación del denominado Derecho de Defensa Material, es decir la posibilidad de que el propio imputado introduzca al debate o a otra actuación procesal (y en último término) aspectos sobre hechos o circunstancias que rodean al objeto de la investigación o del juzgamiento, o de cualquier otro aspecto sometido a la decisión de los fiscales u órganos jurisdiccionales. Pues, el imputado es el primer interesado en impedir que se demuestre su culpabilidad, se limite sus derechos fundamentales (su libertad), o lograr demostrar su inocencia, según sea el caso; sin embargo, dado que el supuesto de conflicto social que ha dado origen a su llamamiento al proceso presenta carácter jurídico, es necesario que su defensa se vea complementada por un sujeto al que se le tiene como conocedor del derecho (Defensa Técnica); así aquella puede tener mejores perspectivas de éxito.

Tal derecho (la autodefensa material) y los otros concernientes al Derecho de Defensa deben extenderse –según lo estipulado en las normas invocadas- a todo el proceso penal. Es decir, tanto en sede de Investigación preparatoria (a cargo del Juez de garantía), juzgamiento (conducido por el juez penal) e impugnación (desarrollado en las Salas Penales - superior o suprema - que intervengan en el caso).

En segundo lugar, es de recalcar aquel aspecto relacionado a la Defensa Técnica, de la cual no puede adolecer el imputado en ningún estado y etapa del proceso, a falta de un abogado de libre elección, se le designará un defensor de oficio; ello en virtud a que quien se enfrenta al imputado (el órgano persecutor) es un conocedor del derecho y con praxis en el quehacer judicial, por lo tanto, el imputado se encuentra en una posición de desventaja, que un Estado de Derecho no puede permitir, mas aun, ante el poder coaccionador del Estado. Por eso el Derecho de Defensa es irrestricto e inalienable en todas las dimensiones del derecho.
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