miércoles, 23 de diciembre de 2015

Caracteristicas del regimen concursal peruano

LA PREVENCION DE LAS SITUACIONES DE CRISIS

La prevención de la crisis es menos costosa y más eficiente que el tratamiento de ésta una vez que se ha presentado.

Se crean instrumentos legales orientados a prevenir situaciones de insolvencia (imposibilidad de pago).

Se incrementan las posibilidades de reflotamiento de empresas viables.

LA CONSERVACION DE LAS EMPRESAS VIABLES


Si la empresa en crisis es conservada, todos los intereses en juego (de trabajadores, de acreedores, etc.) se podrán ver satisfechos en mayor medida.

La conservación de la empresa favorece el pago de los créditos y la conservación de puestos de trabajo.

La conservación de la empresa favorece la competencia en el mercado interno.

LA CONSERVACION DE LAS EMPRESAS VIABLES


Se evita la "canibalización" del patrimonio de empresas en crisis.

Se prefiere la reestructuración de empresas viables.

Sin embargo, también se prevén mecanismos orientados a reducir los costos de la liquidación de empresas que no hayan demostrado su viabilidad.

RECONOCER LOS LEGITIMOS INTERESES DE LOS ACREEDORES EN EL DESTINO DE LAS EMPRESAS


Mayor interés de los acreedores en lo que sucede con la empresa que los propios accionistas.

Su "inversión" es mayor que la de los propios accionistas.

Se ubica a los acreedores en la posibilidad de adoptar, colectivamente, la decisión más eficiente para sus intereses.

La JUNTA DE ACREEDORES se constituye en el gran protagonista del proceso. Sustituye a la Junta de Accionistas o Socios.

GENERAR UN AMBIENTE FAVORABLE DE NEGOCIACIÓN

Al evitar la "canibalización" del patrimonio del deudor, se incentiva a los acreedores a negociar en junta.

Se convoca a todos los acreedores a fin de que registren los montos de su acreencia ante una sola autoridad.

Se busca garantizar que los acreedores cuenten con información mínima que les permita adoptar una decisión eficiente.

Los acuerdos adoptados por la mayoría obligan a todos. Ficción de "unanimidad".

Se introducen mecanismos de protección del acreedor minoritario, otorgándole mayores facultades de fiscalización a la autoridad
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